Nuevo sistema de determinación de precios para la construcción de viviendas

Las comisiones de Obras Públicas y de Legislación General de la Cámara de Diputados aprobaron este martes un proyecto de ley por el cual se ajusta al valor en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI) la determinación de precios en los contratos de obra pública destinados a vivienda.
La iniciativa, ya fue aprobada en la Cámara alta y con el dictamen de Diputados quedó en condiciones de ser votada en el recinto, pues ya contaba con aval de la Comisión de Finanzas. El proyecto fue dictaminado con acuerdo del grueso de los bloques, en una reunión en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto (Justicialista) explicó que la futura ley “establece un nuevo sistema de determinación de precios de los contratos de obra pública, específicamente los vinculados a la construcción de viviendas”.
Así, señaló, “se fija como valor para todo el proceso -tanto en el momento en que se cotiza como en el momento que se pagan certificados- un valor, la Unidad de Vivienda (UVI), que está determinado por la Ley 27.271”, donde se especifica que un metro cuadrado de vivienda significa mil UVIs.
Con el proyecto “se actualizan los contratos exclusivamente en base al costo del metro cuadrado de vivienda, y se actualizan mes a mes en base a la variación del Índice de la Construcción -específicamente la vivienda unifamiliar- en los precios correspondientes al conglomerado del Gran Buenos Aires”.
“Este índice va a sincerar el precio de la obra pública, porque hoy por hoy se determina sobre la variación de distintos insumos que tiene la construcción, muchas veces alejado de lo que es específicamente la vivienda”, destacó el pampeano Ziliotto. Agregó que la propuesta de ley “también va a sincerar la relación entre los institutos de vivienda de las provincias y el Ministerio de Interior y Obras Públicas, en cuanto a que se va a estandarizar el sistema”.
El legislador puntualizó que “muchas provincias tienen su propio sistema de redeterminación” y que esto deriva en “un desfasaje financiero hasta que la Nación reconoce mayores costos que las provincias reconocen al pagar un certificado de obra”. Ahora “la devolución del dinero erogado por las provincias será casi inmediata”.

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