Echaron al inspector que no controló a Sol Obras en la construcción del polideportivo de Ataliva Roca

POLIDEPORTIVO DE ATALIVA

Solo un milagro hizo que el derrumbe del polideportivo de Ataliva Roca, por los efectos de un tornado que azotó la localidad, no causara víctimas. Ahora el gobierno provincial exoneró a un funcionario.
El gobierno provincial exoneró al agente público Juan Armando Velásquez, categoría 3 de la rama administrativa, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, atendiendo de esa manera las actuaciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El respectivo decreto, n° 5072/16, fue refrendado por el gobernador Carlos Verna, y el ministro de Obras Públicas Julio Bargero.
Las actuaciones se habían iniciado por parte de la F.I.A. después que en el atardecer del 30 de enero de 2009 un tornado derrumbara el Polideportivo de Ataliva Roca. Después de ese suceso -que solo por fortuna no produjo pérdidas de vidas-, se inició la investigación, y aquel organismo decidió efectuar la denuncia involucrando a Juan Armando Velázquez, en su calidad de inspector de la obra de “Remodelación y ampliación del Gimnasio de Ataliva Roca; y a Raúl Horacio Lechner, director técnico de la Constructora Sol Obras. Ambos fueron procesados por el juez de instrucción Carlos Besi.
Cabe señalar, con respecto a Lechner, que tenía un antecedente por un hecho de corrupción en la Municipalidad de Puan y pidió un juicio abreviado ante un tribunal de Bahía Blanca después de negociar la pena con la fiscalía.
Con posterioridad la Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa condenó a ambos a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional como responsables del derrumbe del Polideportivo de Ataliva Roca.

Fue un juicio abreviado.
La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, donde los acusados acordaron la condena con el fiscal Jorge Marcelo Amado. Tanto Velázquez como Lechner se admitieron culpables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública provincial. El fallo fue firmado por los jueces Elvira Rosetti, Miguel Gavazza y Miguel Vagge.
Velázquez fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del estado provincial, como delito continuado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de los dos años de prisión en suspenso, recibió la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones relacionadas con su profesión y una multa de cinco mil pesos.
Lechner fue condenado por fraude en perjuicio de la administración pública como delito continuado en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica.

Los argumentos.
El tribunal indicó en su fallo que Velázquez, violando los deberes a su cargo, omitió el control de la obra, certificando los trabajos que fueron abonados por el Estado y nunca se ejecutaron, generando un perjuicio económico a las cuentas provinciales en beneficio de la empresa contratista.
Agregó la Cámara 1 que “el accionar fue voluntario y consciente y causó daño al patrimonio administrativo con abuso de confianza, con el que defraudó abusando de la situación que tiene frente a los bienes ajenos que se le han confiado”, y que hubo “en el accionar de Velázquez un absoluto desinterés en el apego a la legislación vigente en el ejercicio de sus funciones y falta de control que posibilitó la comisión de las irregularidades, que quedaron plasmadas en las conclusiones de los peritos”.
O sea que violó el mandato que imponía su conducta de control y permitió que la contratista continuara la obra sin observar el pliego, y que se violaran las reglas del “buen arte de construir”.

“Medios engañosos”.
Sobre Lechner, los jueces indicaron que “mediante el despliegue de medios engañosos y ardidosos, indujo al Estado para que abonara cada uno de los certificados emitidos y así cobrar la totalidad de la obra contratada”.
Los jueces coincidieron en que “el accionar de Velázquez resultó vital para que las maniobras ardidosas de Lechner tuvieran el resultado por ellos esperado”. Además concluyeron en que los imputados tenían pleno conocimiento de las irregularidades que produjeron el derrumbe del Polideportivo”, y que resultaba una consecuencia posible que “independientemente de factores externos, la estructura colapsaría de todas formas dado que la materialización del conjunto de vigas, columnas y bases era inestable”. Velázquez es ingeniero, y Lechner tiene título de arquitecto.

“Velázquez fue el último perejil”.
En su momento, ante la resolución de la F.I.A., el abogado Fabián Pérez, defensor de Juan Armando Velázquez, sostuvo que su cliente era “el último perejil” en la cadena de responsabilidades por la caída del Polideportivo, y que la acción de Juan Carlos Carola había sido “absolutamente direccionada”.
Carola había denunciado al inspector y al representante técnico de la constructora Sol Obras, Raúl Horacio Lechner, y mostrado sospechas “sobre la existencia de connivencia entre Velásquez y personal de la empresa para defraudar al Estado”. Sol Obras -se fue de La Pampa a fines de 2007 y pidió su concurso-, cobró 1.858.000 pesos por el gimnasio que se derrumbó al paso de un tornado, en una jornada en la que paradójicamente en Ataliva no se cayeron edificaciones centenarias.
Pérez dijo que su cliente era “el último eslabón de la cadena”, que “no contrató a la empresa, no adjudicó la obra, ni pagó los certificados”. En el orden de responsabilidades ubicó por sobre Velásquez a “dos, tres o cuatro personas, y hasta el propio ministro -Paulo Benvenuto, durante la administración del gobernador Jorge-, que “fueron los que adjudicaron y pagaron. Sin embargo ningún otro fue tocado, ni el fiscal Carola les imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como lo hizo con su patrocinado.
El abogado también había dicho que si Carola quería “cumplir bien su función” debió impulsar “una investigación amplia, que abarcase del primero al último, pero no lo hizo. Trató de cumplir con un requerimiento público y social y se la agarró con el último perejil”.