Denuncian que el gobierno analiza cerrar la Unidad de Investigación AMIA

En medio de polémicas y acusaciones cruzadas, el gobierno analiza cerrar la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA. El titular del organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, denunció “una permanente traba burocrática del Estado” para su funcionamiento.
“El manejo de la causa judicial y la investigación que podemos aportar desde esta Unidad Especial no puede estar sometido a una permanente traba burocrática del Estado. Acá hace falta una mayor celeridad en los trámites administrativos que nunca hubo”, expresó Cimadevilla en diálogo con Infobae.
El mismo medio publicó que el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la Jefatura de Gabinete mantuvieron contactos en los que analizaron el cierre del organismo.
Cimadevilla mostró un profundo malestar con Garavano por lo que denominó “una permanente muestra de trabas burocráticas” y destacó que desde el primer día contó con una estructura “mínima” para desarrollar su trabajo: 10.000 pesos mensuales de presupuesto y 15 abogados, adujo.
En tanto, una nota de opinión publicada hoy por el diario La Nación dio a entender que el organismo no contaría con los fondos adecuados para su funcionamiento.
“Más allá de las palabras, sin embargo, eso no ocurrió. Por el contrario, la Unidad Especial quedó hundida y trabada en la burocracia del Ministerio de Justicia, donde incluso le retacean los fondos que necesita para sistematizar, informatizar y cruzar la información proveniente de varias investigaciones judiciales”, se indicó.
En la publicación, se indicó: “Sin embargo, un gobierno que destinó fondos, por citar sólo un ejemplo, a la Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte, al mismo tiempo le retacea 500.000 dólares a la
Unidad Especial para cumplir con su labor, por lo que debe salir a pedir colaboración a otros organismos estatales y no gubernamentales. ¿Se privatizó, acaso, la administración de justicia?”
La Unidad Especial AMIA fue creada en el 2000, con el fin de asistir a las investigaciones, y con la facultad de “intervenir como parte querellante en las causas judiciales por encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, coordinando su accionar con el de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia”.
El artículo 2° del decreto de su creación habilita a la Unidad a “monitorear” el avance de la totalidad de la causas vinculadas con el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, “proponer” al ministro de Justicia los proyectos normativos para cumplir con los compromisos del Estado Nacional con relación al ataque terrorista y “establecer espacios de diálogo” con las entidades de la comunidad judía.