Facultad denunció avance contra la autonomía universitaria

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam expresó su preocupación por las injerencias a la autonomía universitaria que se desprende de uno de los puntos del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. A través de un comunicado remitido a este media indica: “El Consejo Directivo decidió expresar con una resolución su rechazo a la pretensión del programa nacional Justicia 2020 que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, encabezado por el ministro Germán Garavano, de poner en discusión los alcances de la habilitación profesional que brindan las Facultades de Derecho. El cuerpo advirtió sobre la pretensión de promover una acreditación posterior de la aptitud profesional a los graduados en la carrera, pero por sobre todo como un avance sobre la autonomía y las facultades de las Universidades y que debe ser tenido como “una señal suficiente para poner al sistema universitario en general en estado de alerta”.

Habilitación.
El Consejo tomo como base la declaración del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, que integra el decano Oscar Alpa por La Pampa. El 25 de abril durante una reunión del Consejo Permanente de Decanos en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación se presentó el Programa Justicia 2020 impulsado por esa cartera, en el que se incluye un objetivo referido a “promover la habilitación profesional para el ejercicio de la Abogacía” a través de una acreditación posterior de la aptitud profesional a los graduados. No se aclara qué organismo se arrogaría esa potestad.
Posteriormente, en la reunión del Consejo Permanente de Decanos del 20 de mayo en Tucumán, se determinó que ese organismo “reivindicando la autonomía universitaria, reafirma por unanimidad su posición histórica sobre la función indelegable de las Universidades para expedir títulos habilitantes para el ejercicio profesional y expresa su rechazo a cualquier sistema que prive, limite o desconozca esta atribución. En igual sentido, este cuerpo manifiesta su oposición a cualquier mecanismo de acreditación posterior de la aptitud profesional”, amplía el parte. Y completa: “Si bien la advertencia era sobre los títulos de Abogacía, el CD dejó en claro la alarma que causa la pretensión de poner en discusión las atribuciones de las universidades para la expedición de títulos habilitantes para el ejercicio profesional lo que debe ser interpretado como una señal suficiente para poner al sistema universitario en general en estado de alerta”.

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