Jorge deberá ir a la Justicia por la obra del Acueducto a Pico

LA FIA LO DENUNCIO POR ABUSO DE PODER, ADMINISTRACION INFIEL E INCUMPLIMIENTO

El ex gobernador Oscar Mario Jorge, y sus ex ministros Jorge Varela (de Obras y Servicios Públicos), y Sergio Violo (de Hacienda) serán denunciados ante la Justicia Penal por considerarse que habrían incurrido en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración infiel y falsedad ideológica.
Es lo que sostiene la Fiscalía de Administraciones Administrativas, en torno a presuntas irregularidades en la licitación del segundo tramo de Acueducto del Río Colorado; que finalmente resultó anulado por un decreto del actual gobernador Carlos Verna.

Denuncia penal.
Como se sabe (ver aparte), la licitación, y particularmente la financiación de la obra sufrió idas y vueltas, y lo cierto es que nunca pudo avanzar. El fiscal Juan Carlos Carola, en un largo dictamen incluido en la resolución 814/16, firmado la semana anterior, dispuso “radicar denuncia penal, en los términos del artículo 16 de la Ley 1830, dentro de las 48 horas”, por lo que se entiende que ese trámite ya fue realizado por el gobierno provincial.
Además prevé remitir copia a la Dirección de Sumarios “a fin de recomendar, si fuera necesario, la promoción de sumarios administrativos, si los presuntos responsables fueran agentes o funcionarios actuales de la Administración Pública”; y además enviar copia al Tribunal de Cuentas para que “analice si deben iniciarse juicios de responsabilidad”.

Presuntos responsables.
La FIA señala, coincidiendo con el Asesor Letrado de Gobierno, Alejandro Fabián Gigena, que “es a partir del propio acto de adjudicación que se comienza a advertir un accionar irregular de la administración”, y “una absoluta, sistemática y encadenada violación de los antecedentes de hecho y de derecho que debían justificar el actuar administrativo”.
Así Carola da por hecho que los presuntos responsables “de las irregularidades señaladas” serían el ex gobernador Jorge, y los ex ministros Jorge Víctor Varela y Sergio Violo, quienes a su juicio “habrían cometido delitos de acción pública”. El fiscal enumera luego los delitos en que habrían incurrido Jorge y sus ex funcionarios.
Entre los reproches de la FIA se inscriben “una general desprolijidad en el trámite administrativo con posterioridad al acto de preadjudicación”, y en ese sentido Carola señala que “la propia nulidad decretada por el gobernador (Verna) es una evidencia de la desprolijidad señalada, sin perjuicio de que sea la Justicia Penal la que determine si constituye además delito”.

Arbitrariedad.
Agrega que “se ha despreciado en forma evidente la legalidad; simplemente se procedió arbitrariamente obviando los controles previos exigidos por las leyes”.
Por otra parte el dictamen señala que “es llamativo que ni los ministros refrendantes, ni el propio gobernador (Jorge) hayan firmado sin contar con un dictamen jurídico previo, respecto a las modificaciones que se efectuaron al Decreto de Adjudicación y al Modelo de Contrato que habían sido oportunamente conformado por el Tribunal de Cuentas y la Asesoría Letrada Delegada”.
Razona el fiscal que “si los ministros refrendantes hubiesen tomado la precaución de remitir las actuaciones a sus respectivas asesorías letradas delegadas, éstas les hubiesen advertido que el proyecto de decreto era ilegítimo (en especial por apartarse del pliego de bases y condiciones de la licitación) por no estar conformado por el Tribunal de Cuentas”.
Y añade que “lo mismo hubiese pasado si el ex gobernador, aún con los refrendos de los ministros, hubiesen solicitado la intervención de la Asesoría Letrada de Gobierno”. Y no duda que “tanto los asesores letrados (ante los ministerios de Obras Públicas y de Hacienda) les hubiesen advertido sin ninguna dificultad que el proyecto de decreto tenía vicios manifiestos”.

Falsedad.
Por otra parte destaca “la falsedad con que se actuó, ya que no hay dudas que la no observación que la Asesoría Letrada Delegada en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se refería al proyecto de decreto y contrato que luego ‘conformó’ el Tribunal de Cuentas, y no el que en definitiva firmó el ex gobernador”.
Concluye la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que “los funcionarios responsables” de la tramitación de la licitación del segundo tramo del acueducto hacia General Pico, “han actuado con desprecio de las normas legales vigentes en materia de obras públicas”.

Un corolario para tantas idas y vueltas
La resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no es más que el corolario de las idas y vueltas en que se envolvió el gobierno de Oscar Mario Jorge en relación con el segundo tramo del acueducto, y particularmente en lo referido a su financiación.
Este diario había advertido a principios de año que la cuestión podía culminar en la Justicia, que es lo que sucederá ahora, involucrando incluso al propio ex primer mandatario. Carlos Verna, su sucesor, fue el encargado de sepultar la polémica sobre la cuestión, y que en su momento enfrentó a Jorge con Legislatura, el Tribunal de Cuentas y hasta su propio gabinete.
Cuando Verna decidió enviar todos los antecedentes a la FIA, en el decreto respectivo no ahorró críticas a la iniciativa de su antecesor, al usar calificativos como “desinterés, desidia, indolencia o dejadez”, o señalar “vicios manifiestos” en la gestión fallida de iniciar la obra a pesar de que habían cambiado sustancialmente las condiciones bajo las cuales fue licitada.

Financiación imposible.
El mayor cuestionamiento que en su momento se le planteó al ex gobernador era el origen de la financiación, que en principio había sido asumida por la empresa adjudicataria a través de un banco brasileño.
Cuando la crisis económica del país vecino tornó imposible esa vía, el ex gobernador Jorge se propuso reemplazarla con el auxilio del gobierno nacional, pero un cambio tan profundo no fue bien visto en el Tribunal de Cuentas que advirtió sobre posibles reclamos y consecuencias legales para el Estado provincial por parte de las otras empresas que participaron de la convocatoria.
Esa objeción del organismo de control fue compartida por los bloques del vernismo y del Frepam de la Legislatura e incluso por el entonces titular de Obras Públicas del propio Ejecutivo, Jorge Varela. Una controversia que derivaría en la renuncia del ministro y de todos sus colaboradores apenas horas después de las elecciones internas del PJ que decretaron la derrota de Jorge.
La intransigencia del ex gobernador y su férrea negativa a dar marcha atrás con un proceso que venía tan complicado y recibía tantos cuestionamientos fue uno de los factores que en su momento contribuyó a desgastar su imagen en un año electoral clave para sus aspiraciones de derrotar al vernismo y marinismo que cerraron una alianza para disputar la interna del PJ.

Decreto y final.
Con Verna en el sillón de Villa Elvina, vino el decreto de Verna, el giro de las actuaciones a la FIA, que de alguna forma concluyó definitivamente ese capítulo -al menos- del segundo tramo del acueducto.
Este diario advirtió ya en aquellos momentos que, considerando los términos en que fue decretada la anulación de la obra, todo pudiera concluir en la Justicia, con el propio ex gobernador y algunos de sus funcionarios, debiendo soportar la investigación judicial. Exactamente lo que ocurrirá en el futuro.
La reconocida intransigencia de Jorge, su negativa pertinaz a escuchar opiniones ajenas, pareciera ahora concluir en una instancia complicada para él, que en tanto insiste en no salir de su mutismo.

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