La justicia le otorgó prisión domiciliaria a Baraldini

SUBZONA 14

En medio del desarrollo del juicio de la Subzona 14 II, donde está acusado por más de 200 delitos de lesa humanidad, el ex jefe de la Policía pampeana durante la última dictadura cívico militar Luis Enrique Baraldini fue beneficiado con arresto domiciliario por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.
La decisión, que seguramente será apelada, fue tomada por el tribunal pampeano a partir de una resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Eduardo Rafael Riggi), que consideró “inadmisible” un recurso extraordinario federal interpuesto por la fiscalía.
El 28 de junio de 2017, la Sala III había firmado la resolución 607/17 haciendo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Baraldini y anuló la decisión del TOF, que el 16 de diciembre de 2016 rechazó la solicitud de prisión domiciliaria. Ahora, Casación cuestionó el nuevo pronunciamiento que se reclamó en su momento.
En el fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal hizo lugar al pedido de detención domiciliaria en beneficio de Baraldini, quien está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar en la provincia y afronta el juicio de la Subzona 14 II, como cabecilla de un grupo de tareas que secuestró y torturó a pampeanos.
Baraldini está acusado por delitos de asociación ilícita, secuestros y torturas en perjuicio de 214 víctimas pampeanas. Es señalado como “un ícono” del terror de la dictadura en la provincia, donde ocupó el cargo de máximo responsable de la Policía. También fue jefe de Inteligencia del Ejército.
En su testimonio ante el TOF, hace semanas, Baraldini se mostró “orgulloso” de su gestión en la dictadura porque cumplió su función de “vigilar y cuidar a las personas”. Dijo que se sintió reconfortado, y destacó que “nunca” recibió una denuncia de las víctimas de la represión por apremios durante su permanencia al frente de la Policía.

Vigilado.
En otro punto, el TOF exigió a Baraldini fijar como domicilio a la vivienda de su hija en Santa Rosa y a través del “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se le impuso un dispositivo de vigilancia electrónica. De esta forma, el ex militar saldrá de prisión, aunque se espera una nueva apelación. Hoy está detenido en la Unidad 4 -junto a otro acusado-.
Uno de los puntos utilizados por la querella y la fiscalía para rechazar la domiciliaria de Baraldini es que el acusado estuvo prófugo en Bolivia hasta 2011, aunque la defensa lo niega, y así logró eludir el primer juicio de la Subzona 14 que se realizó en el año 2010. En rigor, la Cámara solo ordenó considerar el cumplimiento de la edad de Baraldini, mayor a 70 años, para el beneficio.
El juez Marcos Aguerrido, presidente del TOF, argumentó en el fallo firmado que “no puede dejar de atenderse la naturaleza y efectos que se desprenden de la decisión del superior tribunal de la causa, toda vez que lo dispuesto se relaciona directamente con el cese de la detención penitenciaria de Baraldini”.
Aclaró que la interposición eventual de una nueva instancia y un nuevo planteo en queja “no suspende el trámite ni impide” tratar el punto “donde se cuestiona nada menos que la detención cautelar de un imputado de 79 años al que se le impuso continuar con la ejecución de su prisión con un temperamento menos intenso que el encierro penitenciario”.
“Demorar la respuesta a la espera de una eventual decisión en el marco del recurso impropio de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o la propia tramitación de esa instancia podría acarrear en el caso de Baraldini -sobre quien aun no se ha juzgado su responsabilidad penal- consecuencias irreparables o de imposible reparación ulterior”, agregó.

La detención.
En los argumentos, el juez José Mario Triputti coincidió con Aguerrido, mientras que Pablo Díaz Lacava señaló: “Comprendo que el acto de presidencia que convoca a este acuerdo no responde al ordenamiento de rito toda vez que la decisión a la que se hace referencia notificada (a las partes) el viernes pasado y cuyas actuaciones ingresaron a esta sede hace poco más de 48 horas, no está firme”.
Y siguió: “Desprendiéndose de los mismos actos que ilustran los antecedentes que no se han vencido los plazos para hacer uso de los remedios de corrección de las decisiones jurisdiccionales en el orden interno y por ende, tampoco agotados ellos, en modo alguno puede adoptarse una decisión que pretende justificarse en el cumplimiento de una orden de autoridad que claramente no es ejecutoria”.
Por otro lado, Aguerrido señaló que en el caso de Baraldini “la respuesta jurisdiccional anulada se enmarcó en los parámetros y recomendaciones efectuadas a los tribunales inferiores por la propia Corte en relación al especial deber de cuidado que pesa sobre los magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga en esta clase de procesos en el que se juzgan delitos calificados como de lesa humanidad. Ello sobre todo teniendo en consideración las circunstancias que permitieron la detención de Baraldini para ser juzgado”.