La Pampa urge a la Corte para que acelere el juicio por el Atuel

PIDE LA CONFORMACION DE UN CUERPO DE EXPERTOS Y LA APERTURA DEL JUICIO A PRUEBA

El fiscal de Estado de la provincia de La Pampa, José Alejandro Vanini, junto a la letrada patrocinante Dora Laplacette, integrante del Estudio Badeni, presentaron ayer un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que pidieron que se abra a prueba el expediente en que tramita el juicio contra Mendoza por el uso de las aguas del río Atuel.
La presentación de este escrito implica el inicio de la segunda etapa del proceso judicial iniciado en mayo de 2014. En esta etapa, las partes deberán probar los hechos alegados en la demanda y plantear la contestación en su caso.
Respecto a la prueba ofrecida por la provincia de La Pampa, la más trascendente resulta ser la pericial, que tendrá como fin que peritos acreditados en diferentes especialidades den fe a la Corte de los hechos alegados en la demanda.
La complejidad del daño ambiental, cuyo cese y reparación se persigue en este juicio, obliga a que la degradación y los problemas generados reciban un enfoque multidisciplinario. La interrelación entre los aspectos físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos, políticos, biológicos, hidrológicos y ecológicos, impide que las pruebas científicas se realicen en forma separada, como si se tratase de compartimentos estancos.
En virtud de ello, al momento de entablarse la demanda se solicitó que se designe un equipo multidisciplinario de peritos, quienes deberán cubrir las siguientes especialidades: perito en ingeniería hidráulica, perito en geología, perito en ingeniería civil, perito en sociología, perito en economía, perito en cartografía, perito en historia, licenciado en gestión ambiental, licenciado en ciencias biológicas, ingeniero hidráulico, licenciado en economía, ingeniero agrónomo y cartógrafo.
La solicitud pampeana, formulada en el marco de los artículos 359 y 360 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, fue realizada atento el tiempo transcurrido desde la audiencia celebrada el 14 de junio pasado, y considerando que en el transcurso de ella no se concretó el acuerdo conciliatorio para el cual había sido convocada.

Sin conciliación.
El miércoles 14 de junio, los gobernadores de La Pampa, Carlos Verna, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, se encontraron en la Corte de Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una “audiencia informativa y de conciliación” que el máximo tribunal había convocado en el marco de la demanda iniciada en 2014.
La audiencia fue muy informativa pero nada conciliatoria. Peritos de ambas partes expusieron los argumentos acusatorios y defensivos, respectivamente, del caso, mientras una decena de “amigos de la Corte” aportaron datos precisos y puntos de vista técnicos sobre lo que está sucediendo en el oeste de La Pampa.
Las dos partes mantuvieron su posición: La Pampa sostuvo que una parte importante de su territorio está viviendo desde hace décadas una tragedia ecológica, social y productiva culpa del uso unilateral, inconsulto y abusivo de las aguas del río Atuel -un río que la propia Corte declaró “interprovincial” en 1987- mientras que Mendoza se aferró a su argumento de que el río es pequeño y solo alcanza para regar sus chacras.
Ninguna de las partes hizo una propuesta de acercamiento. La Nación tuvo un rol deplorable aquella tarde, ya que el representante que envió a la reunión, el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa, se retiró cuando estaba a minutos de exponer, actitud que causó muy poca gracia a los jueces superiores.
Después de aquel encuentro no hubo ninguna novedad procesal, por lo menos que haya trascendido.
El pedido formulado por Vanini y Laplacette implica retomar el ritmo de trabajo que tiene esta causa, un expediente en el que la Corte se ha mostrado interesado y ha prestado mucha atención.