Media sanción en Diputados al Acceso a la Información Pública

La Cámara de Diputados dio hoy media sanción y giró al Senado el proyecto de Acceso a la Información Pública que envió el Poder Ejecutivo y que obliga a los organismos de los tres poderes del Estado a brindar toda información solicitada por los ciudadanos.
Tras más de cuatro horas de debate, la propuesta fue aprobada por 229 votos positivos, cuatro negativos, que correspondieron al Frente de Izquierda, y la abstención del kirchnerista Julio Solanas.
El proyecto establece que la ley, que entrará en vigencia un año después de su publicación en el Boletín Oficial, habilita a los ciudadanos a solicitar en forma gratuita información a cualquier organismo de la Administración Pública con la advertencia de que “el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública será causante de mal desempeño”.
La solicitud de información debe ser respondida “en un plazo no mayor de quince días hábiles” con la posibilidad de “prorrogar en forma excepcional por otros quince días hábiles”.
Queda exceptuada de difusión aquella “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior” como la que pudiera “poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”.
Con esta ley se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico aunque su director, que tendrá mandato por cinco años, será designado por el gobierno.
El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), resaltó que “ahora los ciudadanos van a poder golpear la puerta de la Corte para abrir la información del Poder Judicial” al tiempo que advirtió que “no es lo mismo la lucha contra la corrupción sin una ley de Acceso a la Información Pública” porque la norma “permite ir a lo más profundo de los tres poderes”.
Como miembro informante del oficialismo, el macrista Pablo Tonelli resaltó que la propuesta enviada por el Ejecutivo “tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción, la transparencia y la difusión de los actos” y, según su interpretación, “es una de las mejores armas para luchar contra la corrupción”.
“El gobierno asigna a esta iniciativa una importancia primordial”, remarcó el diputado quien resaltó que “es un gran avance la ley”.
El radical Jorge D’Agostino evaluó que “hay un salto cualitativo en la calidad democrática de la Argentina” a partir de esta ley, mientras que su compañera de bancada Karina Banfi apuntó que normas similares ya se aplican en 107 países y “en América Latina, Venezuela, Bolivia y Argentina” eran los únicos países que carecían de esta legislación.
Desde el kirchnerismo, Diana Conti expresó que “no ha sido un partido político el que puso en deuda a este Congreso, fue la voluntad política de los diputados que no encontraron un camino maduro para aflorar una ley necesaria”, aunque consideró que “en estos largos años, la Argentina dio saltos cualitativos durante el gobierno de Néstor Kirchner dejando de lado las leyes secretas”.
No obstante, la legisladora alertó que “hay uno de los tres poderes del Estado que es el más aletargado y resistente” a la información pública que “es el Poder Judicial aunque reclamó también considerar “información pública aquellos entes privados que contarán con información de interés general o especial para la comunidad toda”.
La massista Graciela Camaño indicó que “el oscurantismo del poder subyace siempre”, por lo que reclamó “empezar a sembrar la obligación en los tres poderes del libre acceso a la información para todos”.
La socialista Alicia Ciciliani también dio su apoyo a la iniciativa aunque marcó su “disidencia parcial con el nombramiento del director de la agencia”, punto que también fue cuestionado por las ONG durante su tratamiento en comisión. (DyN)