Muerte civil para los funcionarios corruptos en Perú

El gobierno de Perú oficializó hoy la ley que dispone la llamada “muerte civil” de funcionarios, esto es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, si son condenados por delitos de corrupción y la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.
La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, se convirtió en el primer decreto en materia de lucha anticorrupción dictado por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso el pasado 29 de septiembre.
El decreto modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para establecer que la inhabilitación “será perpetua siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella”.
El texto también dispone ese castigo cuando “la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias”.
La norma señala que en este caso no opera la rehabilitación automática, aunque precisa que esta “puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó la condena luego de transcurridos veinte años”.
Al establecer el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal contra los funcionarios condenados por corrupción estableció este en un mínimo de cinco años y un máximo de veinte.
“El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite”, detalla.
La iniciativa crea un Registro Único de Condenados Inhabilitados por delitos contra la Administración Pública, que estará a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) y será público.
“Las entidades públicas que vayan a incorporar a un servidor deberán consultar obligatoriamente este Registro antes de decidir el nombramiento, bajo responsabilidad”, señala.
La norma fue aprobada el miércoles en el Consejo de Ministros y precisa que la inhabilitación regirá para funcionario o servidor público, autoridad elegida por mandato popular, incluida la privación de grados militares para el personal de las fuerzas armadas o policiales.
La ley se promulgó como parte de una serie de medidas inmediatas de lucha contra la corrupción anunciadas la semana pasada por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. (Télam)

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