Peña Nieto pidió “perdón” por haber comprado una mansión a contratistas en México

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió hoy “perdón” a sus compatriotas por el escándalo que generó la compra de algunas propiedades en condiciones ventajosas a contratistas del gobierno.
Peña Nieto se centró puntualmente en la compra por parte de su esposa, Angélica Rivera, de una mansión llamada Casa Blanca, situada en las lujosas Lomas de Chapultepec y valorada en una cifra cercana a los siete millones de dólares.
“Con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”, dijo el jefe de Estado en un acto para la puesta en marcha del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que aprobó el Congreso por impulso de la Presidencia.
El caso fue investigado en 2015 por e ministerio de la Función Pública, que absolvió a Peña y Nieto y a su esposa, aunque la fastuosa propiedad tuvo que ser vendida luego del escándalo.
Una investigación periodística determinó que la mansión está valorada en siete millones de dólares, aunque fue adquirida a un contratista del Estado por cuatro millones de la moneda estadounidense.
“Los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, cometí un error”, admitió el presidente. Añadió que esta situación afectó a su familia, “lastimó a la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”, informó la agencia Ansa.

“Entiendo perfectamente”.
“En carne propia sentí la irritación de los mexicanos; la entiendo perfectamente”, completó.
Peña Nieto se refirió de inmediato a la promulgación del paquete de leyes contra la corrupción, que es para su gobierno un “reto de la mayor magnitud que requiere acciones de la sociedad y de las instituciones”.
Esas leyes ponen en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y entre otras cosas establecen la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, perfeccionan la descripción de conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas y penales y dan a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) más capacidades para investigar a entidades públicas y a personas físicas que reciban fondos públicos.
También se consagra la llamada Ley 3de3, que exige a los funcionarios hacer públicas su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, si bien su alcance quedó reducido tras su paso por el Legislativo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, dijo que el sistema no queda “completo” por la modificación del artículo 29 de la Ley3de3, con la que los funcionarios no quedan obligados a presentar sus declaraciones si ello afecta “la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. (Télam)

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