Rechazan recurso de Habeas Corpus tras la detención de un adolescente en General Pico

La jueza de control de la segunda circunscripción judicial de la provincia, Jimena Cardoso, rechazó esta tarde el recurso de Habeas Corpus Preventivo que presentaron días atrás las organizaciones sociales de esta ciudad tras le detención de un adolescente en la vía pública, en el que consideraron que fue un caso de abuso policial. El menor que fue demorado y restituido a sus padres poco después, es hijo del dirigente social Manuel Lazarte, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El episodio se registró semanas atrás cuando el menor fue detenido por la policía a la salida de una despensa del Barrio El Molino, que actuó a partir de un llamado anónimo que se realizó al Cecom en el que se alertó que un menor había sido el autor de un robo. Como respuesta, y entendiendo que hubo exceso en el proceder policial al trasladar esposado al menor, las organizaciones sociales realizaron una manifestación en la Plaza San Martín y presentaron un recurso de “Habeas Corpus Preventivo”, el cual fue rechazado por el juez de control Heber Pregno.
El magistrado consideró que “la autoridad policial actuó correctamente y a derecho”. Ante esto, las entidades sociales de esta ciudad apelaron ante el Tribunal de Impugnación Penal de la provincia (TIP), que declaró la invalidez de la audiencia celebrada por Pregno y dispuso que se realizara nuevamente. Ayer a la mañana se llevó a cabo la audiencia, que fue coordinada por la jueza Cardoso, y en la cual el abogado local Armando Agüero, en representación de la policía, y Franco Catalani, como patrocinante de las organizaciones sociales, presentaron sus argumentos. También participó el menor acompañado por el defensor de menores, Fabián Allara.

Resolución judicial.
La magistrada, ante la presencia de representantes de las organizaciones sociales y del abogado Armando Agüero, dio lectura a la resolución.
Al término de la audiencia, en diálogo con los medios de prensa, la magistrada manifestó: “Yo entendí que no hubo un accionar ilegítimo por parte de la policía, que la policía actuó conforme a derecho y de acuerdo a las previsiones del Código Procesal Penal y de la Constitución Provincial. Esos fueron los fundamentos del rechazo, y sí ordené que el Ministerio Público Fiscal iniciara actuaciones en caso que considere que se cometió un delito de acción pública”, dijo. Además agregó: “Con respecto a que existió un llamado telefónico que habría sido una denuncia falsa, también ordené que se remitan las actuaciones al Juzgado de Faltas, que está a cargo de Maximiliano Boga Dohyenard porque puede configura ese accionar una contravención, también es necesario investigar al respecto. También ordené que se ponga en conocimiento de la denuncia al Ministerio de Bienestar Social y al defensor del niño”.

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