Un fiscal denuncia a las universidades que reclaman por más presupuesto

¿APRIETE?

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) figura en un listado de más de cincuenta universidades nacionales de todo el país que fueron denunciadas por el fiscal federal porteño Guillermo Marijuan por una supuesta “malversación de caudales”. El funcionario judicial pidió que se investigue el destino de “millonarios fondos” transferidos a las casas de altos estudios desde el Estado nacional en los últimos meses del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández.
La noticia causó sorpresa en el Rectorado de la UNLPam, donde hasta ayer por la tarde no tenían ninguna notificación judicial al respecto. “Es probable que hayan notificado al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) porque si están todas las universidades del sistema puede estar relacionados con algunos programas de becas y de contenidos audiovisuales que llegaron a través del CIN, pero estoy haciendo una suposición, porque no tengo presente que se hubiera iniciado una investigación”, dijo una alta fuente de la UNLPam consultada por LA ARENA.

Cable oficial.
La novedad se conoció ayer a través de un cable de la agencia oficial de noticias Télam y llega justo en un momento en que el sistema universitario y el gobierno nacional están atravesados por la desconfianza. A las manifestaciones de varias casas de estudios y de investigadores por los recortes en el presupuesto de organismos históricamente ligados a las universidades, como el INTA, el INTI o el Conicet, entre otros, en los últimos días se sumó el malestar por la distribución discrecional que el proyecto de Presupuesto 2017 dispuso para la Planilla B, es decir, el presupuesto extra que todos los años, desde hace una década, reciben las casas de altos estudios para gastos de funcionamiento. El enojo surgió porque de las 55 instituciones, solo 21 fueron contempladas en esa asignación y 34 quedaron excluidas, entre ellas, La Pampa.
Eso llevó a que más de una universidad manifestara su estado de preocupación y alerta por la situación, puesto que el criterio utilizado antes para la distribución de esos fondos complementarios del presupuesto era el que resolvían en conjunto la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional. Las críticas a la exclusión de más de la mitad de las universidades partieron incluso de socios del gobierno nacional actual, como el diputado nacional de la UCR y ex rector de la Universidad Nacional de San Luis, José Riccardo.

“Millonarios fondos”.
“Deberá investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a las universidades de todo el país” entre 2014 y 2015 fue la conclusión a la que arribó el fiscal Marijuan -según el cable de Télam- tras una investigación preliminar que derivó en la presentación de las denuncias, hechas de manera individual para cada casa de estudios, y que resultaron sorteadas en distintos juzgados del fuero federal porteño, según informó la agencia oficial.
El fiscal pidió investigar por supuesta “malversación de caudales”, aunque no descartó otros delitos, a las “autoridades universitarias así como los empleados de estas instituciones que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos recibidos desde el Estado nacional”. Así figura en la denuncia, a la que accedió Télam.
“Se colectaron numerosas pruebas que ameritan que sean analizadas y valoradas en el marco de un proceso penal para determinar en definitiva la comisión del delito denunciado. Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”, afirmó el fiscal.

747 millones de pesos
Télam consignó que en la denuncia se advirtió que había que investigar posibles delitos en que “habrían incurrido las autoridades” de cada universidad denunciada “sin perjuicio de la complicidad o connivencia de autoridades nacionales, puesto que habrían recibido fondos estatales que podrían haber tenido un destino distinto para el que realmente fueron otorgados”.
“La investigación preliminar de la fiscalía comenzó a raíz de notas periodísticas que daban cuenta de la supuesta distribución de 747 millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2015 a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación nacional. Marijuan requirió informes a distintos organismos públicos, recibió soporte documental con el detalle de las transferencias hechas y otras evidencias, antes de presentar las denuncias”, reza el cable.

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