Un país desigual: villas de emergencia albergan a casi 3 millones de argentinos 

Al menos 2,7 millones de personas viven en la Argentina en casas muy precarias en asentamientos sin energía eléctrica, agua potable ni cloacas, invisibles ante los ojos del Estado.
Hay 1.834 asentamientos en el 70% del territorio nacional donde viven 532.000 familias de cinco integrantes en promedio, según el relevamiento de Techo, una ONG sin fines de lucro con presencia en toda América Latina.
Casas de chapa de cartón, toldos, barro o material sin terminaciones mínimas configuran islas en el corazón o la periferia de las ciudades más populosas; a cinco minutos del Obelisco, en Cuyo, el norte y el sur, las villas de emergencia no han parado de crecer en los últimos cuarenta años.
Allí la posibilidad de mejorar la vivienda –para que no llueva sobre las almohadas- es relegada ante la necesidad de comer y vestir; no existe planificación ni infraestructura urbana: el Estado –casi- no está; y en la mayoría de los casos falta organización de los vecinos para alzar la voz.
Las tomas de tierras chocan con el derecho a la propiedad privada en un devenir histórico que no supo o no pudo o no quiso generar oportunidades para todos: los padres se acuestan pensando que sus hijos pueden no tener dónde vivir mañana porque no cuentan con seguridad dominial.
Las familias rechazan el asistencialismo, buscan oportunidades en una sociedad que muchas veces las discrimina, las empuja al aislamiento y las saquea con inflación y desigualdad; viven hacinadas y empobrecidas en un país con 2.780.400 kilómetros cuadrados que produce alimentos para 400 millones de personas al año.
Sólo el 4% de los créditos del sistema financiero son hipotecarios y la oferta demanda requisitos imposibles, impone tasas impagables (ajustada por inflación) en una economía con el 40% del empleo no registrado y en la que la teoría del derrame se impone cada diez años.
El Estado llegó hace unos años con algunas urbanizaciones como ocurrió con la Villa Palito, en La Matanza, y planes distributivos como la Asignación Universal por Hijo y Progresar, que ayuda un millón de jóvenes de entre los 18 y 24 años que no trabajan o lo hacen informalmente para que puedan sostener sus estudios.
Pero el acceso al mercado laboral con salarios que superen a la canasta básica es dificultoso, mientras la economía se sigue concentrando y no se observan cambios estructurales que permitan superar definitivamente esta terrible situación. (NA)

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