“Uno sospechaba que había prostitución”

Hubo dos personas como público; el resto eran periodistas. El juicio desnudó la nula comodidad del Tribunal Oral Federal: los imputados, sus abogados y los cronistas aguardaron el inicio todos juntos.
Uno solo de los imputados, el comisario Carlos Alaníz, se prestó a declarar ayer en la primera audiencia del juicio oral y público que se sigue en el TOF, en tanto el resto de los imputados se acogió al derecho de no hacerlo en esta instancia del juicio oral y público que comenzó ayer para juzgar al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el ex subcomisario Carlos Alaníz, acusados de brindar un blindaje al funcionamiento del prostíbulo “Good Night”, dedicado a la explotación sexual de mujeres; y a los también imputados Eduardo Mauricio Fernández, propietario del local nocturno; Carlos Eduardo Fernández y Brian Martín Saxs, a quienes la investigación los sindicó como encargados del cabaré.
Rogers tiene como abogado defensor a Sebastián País Rojo, Eduardo Mauricio Fernández a Laura Armagno (defensora oficial), Carlos Javier Fernández a Juan Carlos De la Vega, Carlos Alaníz a Boris Vlasich y Brian Martín Sacks a Hernán Danci.
El tribunal está compuesto por Marcos Javier Aguerrido, Pablo Ramiro Díaz Lacava y José Mario Triputti. El fiscal general es Jorge Bonvehi.
A poco de empezar la audiencia el defensor País Rojo advirtió que pedirá la nulidad del juicio durante el alegado de clausura, cuestionado disposiciones del fiscal Juan José Baric, acerca del pedido de informes sobre comunicaciones porque “no tenía la facultad de dictar las intervenciones”.

Los que no declararon.
Eduardo Mauricio Fernández, tractorista, es hijo de Carlos Alberto Fernández, dueño de “Good Night”, se negó a declarar.
Tampoco lo hizo Carlos Javier Fernández.
Por su parte Brian Martín Sacks, quien vive en Buenos Aires y se dedica a vender repuestos, negó las imputaciones que se le formulan, y dijo que “nunca recibí ni fui a buscar a las mujeres”, y que en ese tiempo tenía 16 ó 17 años y que se dedicaba a limpiar y cortar el pasto y por la noche atendía la barra o hacía de mozo; y que le gustaba alardear cuando le preguntaban sobre el lugar. “Era un pendejo boludo”, resumió.
Luis Rogers explicó que es nacido en Capital Federal y que llegó a Lonquimay cuando tenía 8 años. Que era martillero público y transcurre su tercera gestión como intendente; “con crecimiento de una elección a la otra, en un pueblo de 1.700 habitantes… ahí gana la persona, todos sabemos quién es quién”, sostuvo a la vez que dijo que se abstendría de declarar.

Alaníz: “Me declaro inocente”
El policía Carlos Adrian Alaníz, fue el único imputado que declaró. Nació en Catamarca y hoy vive en General Acha. Actualmente se desempeña en el Departamento Personal en Santa Rosa.
“Me declaro inocente de todos los cargos, nunca acogí ni realice las acciones que dicen. En 2006, llegué trasladado a Lonquimay” y el local “ya estaba habilitado” por la municipalidad.
Indicó que se hacían controles “dos o tres veces por semana, era casi de rutina”; y que se pedía la habilitación del local, los documentos de identidad y libreta sanitaria a quienes trabajaban allí. Después, agregó, se informaba a la departamental de Catriló y a la UR1 de Santa Rosa.
Manifestó que las mujeres que trabajaban en “Good Night” expresaban que estaban por voluntad propia. “Periódicamente se presentaba personal de la comisaría de Catriló, de la Unidad Regional I, y de Migraciones de Nación, junto a personal de la Policía Federal.
Alaníz señaló que en una oportunidad se constató una infracción porque había comunicación entre el local y una casa y se clausuró el comercio. Después el propietario adecuó el local y fue reabierto. En un momento dijo que “uno sospechaba pero no tenia la certeza que hubiese prostitución”. El juez Triputti le hizo algunas preguntas sobre las mujeres que vio en Good Night.
-¿Eran prostitutas?
-Se presentaban como alternadoras.
-¿Qué entiende por alternadoras?
-Alternaban copas con la gente, hasta ahí sé.
Después ante otra pregunta dijo que en las piezas había camas; y que los “pases” era “cuando un hombre va con una mujer”.

“Ya lo tenían naturalizado”.
Abratte trabajó como adscripta en la comisaría de Lonquimay y Carlos Alaníz fue su jefe en ese período. Realizaba tareas administrativas y limpieza de vidrios, baños, pisos, como también lo hacían los demás agentes.
Uno de los testimonios de la primera jornada del juicio contra el intendente Luis Rogers fue el de Liliana Abratte, denunciante en la causa. La mujer le dijo al tribunal que un día, mientras limpiaba, “estaba acomodando unos papeles” y en una suerte de biblioteca vio “unas carpetas que tenían copias de actas de exposición”.
Entre ellas leyó una de un camionero donde dejaba constancia que había visto “una menor buscada por los medios de prensa y que aparentemente era víctima de una red de trata. La chica se llamaba Andrea Aguirre, y el camionero decía que era muy parecida”.
Cuando preguntó un cabo de policía le dijo que no se había investigado “porque el camionero estaba alcoholizado. Ese día me temblaron las piernas, me fui a casa, y cuando pude me comuniqué con la Secretaría de Derechos Humanos. Me llamó la atención cuando me presenté con la adscripción: Alaníz me dijo que quizá me iba a necesitar de noche cuando algunas mujeres se portan mal”, y dedujo que “algo pasaba en la localidad a la noche”.
En su relato expresó que “un día el doctor que estaba a cargo del hospital de Lonquimay me dijo que lo fueron a intimar la señora del dueño del cabaré para que le firme las libretas aun sin la presencia de las chicas para hacerse los chequeos”. Dijo que cuando empezaron las presiones se fue “muy mal” de la provincia. Hoy vive en San Juan.

“Naturalizado”.
La mujer agregó que “lo que yo escuchaba es que la gente del pueblo lo tenía naturalizado al cabaré, porque decían que le daba el sustento económico a la localidad, porque todo lo que se consumía se compraba en la localidad”.
Admitió que “muchos desconocerían lo que ocurría. Estaba habilitado como salón de baile”, dijo, y recordó que hubo “un escándalo en una reunión del Concejo Deliberante, donde Fernández concurrió a hacer defensa irrestricta de su negocio”.
Señaló que si bien no tuvo problemas en la relación con Alaníz, “un día me dijo que me deje de hacer la Madre Teresa de Calcuta, cuando fue una señora a la comisaría y se largó a llorar, y le acerqué una silla. Alaníz me reprendió y me dijo que me iba a mandar a una oficina de atrás”.
Abratte indicó que quería que el cabaré “se cerrara porque se ejercía la prostitución ahí. No se puede decir que en un prostíbulo no se ejerce la prostitución. Si no fuese por eso, por qué vienen chicas de afuera y por qué no hay chicas de acá”.

“Se ejercía”.
Convocada a declarar Jésica Pérez Fassi, jefa del Area de Trata de Personas, evocó que en 2009 estaba en la Brigada de Investigaciones. Recordó que en una inspección en “Good Night se hacían controles periódicos de la parte comercial de los locales (libretas sanitarias, habilitación, libros). “Fue un allanamiento que hicimos con acceso a todo el lugar, en el patio había bolsas con preservativos, había algunas libretas sanitarias de las chicas que eran de afuera la mayoría, en general. Estaban los libros donde se anotaban los pases y copas”.
Preguntado qué significaba que había gente de afuera, respondió que “claramente ejerciendo la prostitución. Mas allá que estén con una pantalla de acompañantes, los pases son relaciones sexuales con los clientes”.
El abogado Boris Vlasich preguntó, a su vez, si percibía que había mujeres esclavizadas. “No se muestra eso. Muy rara vez en un control, sabiendo que éramos policías… no se dio nunca en mi caso que vengan a pedir ayuda o me cuenten una situación”.

Charlas telefónicas, clave.
El secretario del TOF procedió a la lectura de la acusación fiscal, imponiendo a los imputados la causa por la que fueron investigados y llegaron a juicio. En julio de 2009 la Brigada de Investigaciones pidió la intervención del teléfono de Carlos Javier Fernández, por la posible comisión de delitos en el cabaré “Good Night”; y a partir de allí quedaron vinculados a la causa el entonces subcomisario Carlos Alaníz -hoy comisario con destino en General Acha-, y los demás involucrados que ahora están sentados en el banquillo de los acusados.
De la lectura se desprendió que la pesquisa comenzó cuando un hombre domiciliado en Santiago del Estero denunció que su novia que trabajaba en el local -había llegado hasta allí por una oferta laboral-, era retenida por Fernández (pese a su intención de regresar a su lugar de origen), por una deuda que la joven mantendría con el dueño de “Good Night” quien le habría prestado dinero para comprar medicamentos.
Fue el principio de todo: la mujer ratificó luego en la Justicia santiagueña que para irse tuvo que dejar sus pertenencias al dueño del cabaré.

Relaciones.
Con posterioridad hubo una nueva denuncia, en este caso de una mujer que había trabajado en la comisaría de Lonquimay, haciendo constar las “fluidas” relaciones que el policía Alaníz mantenía con el dueño del cabaré, y con el intendente Rogers.
Luego de eso, el 28 de octubre de 2009, hubo un allanamiento en “Good Night”. Se encontró en el lugar la presencia de tres jóvenes salteñas, y un registro donde aparecían anotados “copas” y “pases”. La investigación -que condujo el fiscal federal Juan José Baric- llevó a presumir que Fernández mantenía en el cabaré a mujeres “en situación de vulnerabilidad” que explotaría sexualmente obligándolas a entregar el 50% de la recaudación.
El intendente Rogers fue quien habilitó el local como “servicio de salones de baile”, y se encargaba de firmar las libretas sanitarias de las mujeres que trabajaban allí, que incluían estudios ginecológicos y de HIV.
Las conversaciones telefónicas grabadas habrían determinado la fluida relación entre el jefe comunal, el dueño del cabaré y el policía.

Silencio de Rogers.
“No… hasta que esto no termine no voy a hablar ni una palabra”, se excusó ayer ante este diario -cuando se produjo un cuarto intermedio en la audiencia- el intendente de Lonquimay, Luis Rogers. “Después voy a dar una conferencia de prensa”, completó. La misma actitud asumió ante el tribunal, acogiéndose al derecho de no declarar. Cuando la causa se inició, Rogers dio lugar a la polémica al defender la instalación de un cabaré en su pueblo como “un lugar de contención para los jóvenes y camioneros… mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”.