Antenas: ahora admiten “errores” y no descartan que sea vetada

ORDENANZA ANTI-CPE

“Somos defensores de que las cooperativas brinden telefonía celular”, sostuvo Claudia Giorgis, al referirse a la cuestionada ordenanza que permite la instalación de antenas en espacios públicos, a la vez que sostuvo que la norma “no es contra las cooperativas”.
La edil, presidenta del bloque oficialista, le dijo a este diario que el intendente derivó en su persona, y en la del secretario de Gobierno de la comuna una reunión con las autoridades de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, y no descartó que luego los cooperativistas pudieran reunirse con el propio intendente Leandro Altolaguirre.

La CPE pidió reunión y espera.
En tanto, el titular de la entidad solidaria, Alfredo Carrascal, hasta últimas horas de ayer no tenía información sobre aquella presunta reunión. “No tenemos ninguna comunicación desde la municipalidad, así que no sabremos cuándo nos podremos reunir con el intendente”, dijo escueto, aunque expresó que están a la espera de ser invitados.
Giorgis admitió que “pudo ser un error” haber tratado con tanta premura la ordenanza el pasado jueves en el Concejo Deliberante -sesión en la que ella no estuvo presente-, y anticipó que bien podría ser que la norma pudiera tener modificaciones, y más precisiones en su reglamentación.
El propio Altolaguirre, en declaraciones radiales el día miércoles por la tarde, había dicho que podría ser que la ordenanza pudiera tener algún cambio. No obstante, los reiterados intentos de comunicación desde este diario fueron ignorados por el jefe comunal.

Antenas no declaradas.
Por su parte Claudia Giorgis explicó que “la ordenanza permitiendo la instalación de antenas no es nueva. Esta posibilidad la abrió en el año 2000 el entonces intendente (Oscar Mario) Jorge. Desde ese entonces se vienen instalando antenas en la ciudad bajo esa normativa. De lo que se trata en este momento es si sólo podían seguir cobrando los privados (lo hacen algunos clubes) por estos alquileres o también el Estado municipal. Por otra parte lo que también cabe decir es que esto surge porque esta gestión municipal ha detectado antenas no declaradas en varios puntos, por ejemplo sobre edificios particulares que ‘salvan sus gastos con estos alquileres’, algo totalmente fuera de control y sin tributo alguno al municipio”.

Afán recaudatorio.
Amplió señalando que “es muy importante para el municipio porque por cada torre que se instala se cobran $ 100.000 ó $ 50.000 según el caso por la instalación. Más $ 15.000 por tasa de inspección mensual por cada antena en la torre y ahora se le agrega el alquiler del terreno. En el caso de las clandestinas todo esto no ha ingresado al municipio y ha estado fuera de control”.
No obstante Giorgis fue en línea con el mismo Altolaguirre al decir que en el futuro la antenas se podrán instalar previo cumplir los requisitos técnicos que impone la ordenanza municipal. Es decir que de lo que se trata es que en lugar de que las empresas que instalan antenas le paguen un arrendamiento de espacios a privados como ha ocurrido hasta ahora, se puedan beneficiar las alicaídas arcas municipales que en definitiva son de todos los vecinos”.

La premura “fue un error”.
La edil siguió diciendo que “a la vez se contribuye desde el Estado a que se de cumplimiento con lo que venimos hace mucho tiempo reclamando: que las empresas hagan las inversiones que debían hacer en torres para brindar mejor señal, mejor servicio a los usuarios”.
La concejal Giorgis sí reconoció que fue un “error” la premura en sancionar la ordenanza por la que se aprobó el tema de las antenas -en la sesión del jueves 13, en la que no estuvo presente por “razones familiares”-; y además indicó que la norma podría ser pasible de alguna modificación. Estimó que “la CPE debió ser invitada a opinar”, agregó.
Finalmente refirió que considera “un error” que se determine cobrar 1,8 unidades fijas por antena (UF igual a un litro de nafta), y que en todo caso tiene que “ser un piso por metro cuadrado, en función de las ubicaciones de los terrenos”.
Cabe recordar que el intendente dispone de 10 días hábiles para promulgar la ordenanza, o vetarla parcialmente, caso contrario la norma quedaría sin efecto.

“Las cooperativas tienen prioridad”
“Lo más transparente sería establecer un plazo para que se presenten las empresas interesadas en colocar antenas en espacios públicos -tipo concurso o registro público-, y a partir de allí establecer la prioridad a favor de las cooperativas”, se pronunció Claudia Giorgis.
La concejal dijo que en la ordenanza -o en su reglamentación- “seguramente el municipio no tendrá inconvenientes en dejar establecido que para el caso que hubiera pedidos de más de una empresa por arrendamiento de espacios públicos para colocar antenas, tenga prioridad la empresa cooperativa”, o una futura empresa “estatal o mixta” porque es “un anhelo” que se conforme para obtener la frecuencia para brindar telefonía celular, que “ha sido lo que propusimos hace ya bastante tiempo. Eso sería lo óptimo”, indicó.

Batalla por telefonía celular.
“Estamos convencidos de las ventajas que han traído a la sociedad pampeana los servicios brindados por el movimiento cooperativo. En el caso de telefonía celular dimos una batalla particular, incluso con denuncias por estafa a compañías que le sacan millones y millones por segundo a los argentinos con servicios no brindados y caros”, puntualizó.
Recordó que la posibilidad de contar con frecuencias para que empresas locales y cooperativas pudieran brindar telefonía celular “también tuvo avances y retrocesos en el país: en 2012 por ejemplo se dictó la normativa concediendo la reserva del 25 % de frecuencia para Arsat con destino a pymes y en 2014 se borró ‘con el codo’ mediante decreto esa posibilidad. Y La Pampa no ha sido ajeno a eso, porque en 1999 un intendente (Jorge) le quiso quitar las columnas a la CPE, discutiendo la propiedad de las mismas que era claramente de sus asociados. Después hizo lo mismo pero desde el gobierno provincial, justamente porque ya se avizoraba la importancia estratégica de la fibra óptica”, rememoró.

Empresa provincial de comunicaciones.
Agregó que “desde el Frepam siempre hemos defendido al movimiento cooperativo pampeano donde no hay clientes sino asociados. De hecho la propuesta de creación de una Empresa Provincial de Comunicaciones con participación cooperativa fue parte de la plataforma de campaña provincial y fuimos autores de innumerables proyectos en la Cámara de Diputados en el mismo sentido. Queremos que las innovaciones tecnológicas contribuyan al desarrollo local y que el Estado cumpla sus funciones de regulación indelegables como es garantizar y universalizar los servicios esenciales”, concluyó.