Bongianino cree que habrá consenso

Pese a que ahora la instrucción de una causa judicial la hace un fiscal, siguen cobrando menos que un juez. "Hay casos donde hacer un juicio lleva dos o más veces de tiempo que investigarlo", aseguró.
El procurador general de la provincia, Mario Bongianino, bregó para que los integrantes de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal lleguen a un consenso sobre si corresponde o no imponer plazos a los jueces de audiencia y de impugnación, y consideró que si todas las partes actúan de buena fe y pensando en la ciudadanía y no en sus intereses sectoriales, la solución será fácil de alcanzar. Reveló que La Pampa es una de las cuatro provincias argentinas donde pese a las mayores responsabilidades, los fiscales cobran menos que los jueces.
En una entrevista que mantuvo con La Parte y el Todo, que se emite los miércoles por CPEtv, Bongianino recordó que la segregación del Ministerio Público Fiscal como órgano extrapoder del Poder Judicial data del año 1994, cuando se hizo la última reforma constitucional.
En el caso pampeano, el procurador general ejerce la jefatura de los tres Ministerios Públicos existentes: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, y el Ministerio Público Tutelar, este último conformado por los asesores de menores de la provincia.
"Si bien integramos el Poder Judicial, tenemos un rol claramente diferenciado", situación que se puso en mayor evidencia a nivel provincial con la reforma del Código Procesal Penal, que impuso un sistema acusatorio y por ende asignó a los fiscales un mayor protagonismo en el proceso judicial.

 

-¿Pero ganan menos?
-Es una de las cuatro jurisdicciones judiciales en Argentina que aún no hemos obtenido ese reconocimiento.

 

-Antes los jueces llevaban la instrucción y ganaban, supongamos, 100; ahora los fiscales llevan la instrucción pero ganan 80 ó 70.
-Ahí hay una cuestión que solucionar, que ha pasado desde el orden nacional, hablo de la Justicia Federal. A partir de la reforma del '94, se introduce el Ministerio Público como organismo extrapoder, por fuera del Poder Judicial, y a partir de esa estructura organizacional, los fiscales y defensores en el orden nacional pasaron a cobrar lo mismo que los jueces ante los que actúan. La Pampa es una de las cuatro provincias donde esa equiparación todavía no se ha logrado. Es un pedido insistente desde el año 1994. El anterior procurador ya peticionaba a través del Superior Tribunal la jerarquización de los miembros del Ministerio Público.

 

-¿Quién lo frena? ¿el Superior Tribunal, los jueces, cierta entente tácita que piensa que el juez es más importante que el fiscal?
-Tal vez haya un poco de esto último; nadie dice abiertamente que no corresponde. Es más, cuando uno habla con los distintos actores, todo el mundo dice que es lógico que haya una equiparación, pero lo cierto es que llevamos cinco años desde la instalación del proceso penal acusatorio en La Pampa y aún no se ha equiparado, a pesar de que sistemáticamente es solicitado por el Ministerio Público.

 

-En el Código vigente, el fiscal es el único que tiene plazos perentorios; el juez los tiene pero son más laxos; y tener plazos significa tener que trabajar.
-Esta es una de las cuestiones que se generó en el ámbito de la comisión de estudio, que en realidad es un anteproyecto, ni siquiera es un proyecto. Por supuesto los que hacen las leyes son los legisladores; lo que vamos a tratar (desde esa comisión) es presentarles un anteproyecto para que los legisladores lo analicen.

 

Auditoría externa.
-¿Por qué nace esta necesidad de realizar cambios en un plazo no tan lejano de la puesta en marcha de un nuevo Código?
-Porque La Pampa es la única jurisdicción que por una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia se sometió a una auditoría externa del Poder Judicial. Esto no es común en los poderes judiciales en Argentina, porque a los operadores judiciales en su totalidad no nos gusta demasiado que nos miren, o que analicen nuestra actuación.
"Hay que reconocer -valoró Bongianino- que la provincia de La Pampa, en una actitud de mucha humildad, llamó a agentes externos y a través de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y con auditores de las provincias de Neuquén y de Córdoba, hicieron un informe de cómo funcionaba la puesta en marcha de la reforma procesal. Ese fue el motivo que dio lugar a esta reforma".
La auditoría, comentó el procurador, "dejó traslucir", aunque no lo señaló específicamente, "que no hay una equivalencia entre la instrucción fiscal preparatoria, que hace el fiscal y termina con la acusación, y lo que viene a posteriori, que es la preparación del juicio, el juicio por si mismo, y el período recursivo". Esta segunda etapa "aparentemente tarda más", siempre según la auditoría.
Como prueba de ello, señaló un caso que se está ventilando en estos días. "Estamos ante un juicio oral y público por un homicidio que está saliendo en los medios todos los días -v.g., la muerte del cazador Garialdi-, que se produjo en julio del año pasado. El fiscal demandó 6 meses en hacer la acusación, es decir toda la investigación, que fue compleja, porque el imputado es integrante de una fuerza de seguridad -la Policía provincial- hubo que recurrir a organismos externos para hacer la pericia correspondiente, para darle un tamiz de imparcialidad".
"Estos condimentos extras, de mayor complejidad, demandaron 6 meses para hacer la acusación de la fiscal actuante, pero desde que se hizo la acusación hasta este momento, pasó un año y todavía no hay sentencia, y todavía falta la etapa recursiva. O sea que están doblando los plazos...".
Este caso es "nada más que un ejemplo, no quiere decir que siempre" ocurra lo mismo, aclaró.

 

Acortar el proceso.
Con los cambios en debate en la comisión reformadora se busca "acortar la duración total (del proceso), porque al ciudadano no le interesa si el trabajo en una etapa la hace el fiscal, en la otra la oficina judicial, en la otra etapa el juez de audiencia, el tribunal penal y posteriormente el Superior Tribunal", indicó Bongianino. "Lo que quiere el ciudadano es un resultado y lo más pronto posible. Es cierto que tampoco un proceso judicial puede acortarse demasiado, sobre todo en casos complejos".
"Yo puedo decir que en líneas generales, la Justicia pampeana a partir de la reforma ha hecho grandes esfuerzos y todos los operadores se encuentran comprometidos con este nuevo procedimiento", destacó el procurador. "Por supuesto hay que hacer los controles que corresponden a todo ámbito donde trabajamos personas como servidores públicos y hacemos algo para la ciudadanía en general. Los controles no deben alarmarnos a nadie", consideró.

 

-¿Te parece que Comisión de Reforma del Código Procesal Penal va a tener un consenso en el tema de los plazos?
-Espero que lleguemos a un consenso. Espero que todo el mundo actúe de buena fe; en realidad no son imposiciones, sino que son situaciones teniendo en cuenta al sistema en general, y no para comodidad de tal o cual operador judicial.
"Las reformas de esta índole, de las leyes, no hay que hacerlas pensando en el operador judicial, sino en el ciudadano. Si todos entendemos esto, los consensos sobrevendrán tarde o temprano, pero queda claro que a mí me parece que todos expresaron su opinión desde la buena fe, y por ahí es cierto, desde algún interés del sector al que representan. Si todos pensáramos en el sistema, me parece que arribaríamos rápidamente a los consensos", concluyó.