Amplían las penas

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná incrementó ayer las penas que deberán cumplir siete represores condenados en diciembre de 2015 por el juez Leandro Ríos en la mega causa Area Paraná, por secuestros, torturas y homicidios cometidos contra más de 55 víctimas durante la última dictadura.
El fallo de segunda instancia sentenció a prisión perpetua al policía federal Cosme Demonte e impuso 20 años de cárcel a Jorge Appiani, 16 años a José Appelhans, 10 años a Hugo Moyano, 16 años a Alberto Rivas, 8 años a Rosa Bidinost y a Oscar Obaid.
La confirmación de las condenas y el incremento de las penas se conoció a través de la lectura del tramo dispositivo del fallo en el edificio de la calle 25 de Mayo 256, en la capital entrerriana, frente al cual se concentraron víctimas sobrevivientes, familiares e integrantes de organismos de derechos humanos que celebraron el fallo.
"Pensamos en nuestros hermanos, amigos y compañeros que ya no están, que han desaparecido y por lo menos a sus familiares le traemos un poco más de paz", sostuvo Manuel Ramat, secuestrado y torturado en un centro clandestino el 30 de septiembre de 1976 y hermano de Raul Ramat, asesinado el 11 de junio de 1976 en la ciudad bonaerense de Campana.

"Más justa".
Por su parte, María Luz Piérola, secuestrada en Concordia en febrero de 1977 y trasladada al centro clandestino de detención La Casita en Campo de Mayo, resaltó que fue "una sentencia más justa y sirve para los próximos juicios" por delitos del terrorismo de estado en Entre Ríos.
"Queremos Justicia, donde los asesinos estén presos y juzgados, y vamos a seguir avanzando, buscando pruebas para una sociedad más justa", dijo María Luz, uno de cuyos hermanos, Fernando Piérola fue secuestrado el 20 de octubre de 1976 en Posadas y fusilado en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 en un simulacro de traslado conocido como "La masacre de Margarita Belén".
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por los jueces subrogantes Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto Madonado, consideró que los hechos investigados son crímenes de "lesa humanidad en el marco de terrorismo de estado y dentro del segundo genocidio nacional" que tuvo lugar entre 1975 y 1983. (Télam)