Añez dio vía libre a los militares para reprimir en Bolivia

Mientras llueven las denuncias por asesinatos y violaciones a los derechos humanos en Bolivia, el gobierno de facto de ese país emitió un decreto supremo que le da a las Fuerzas Armadas luz verde para inmiscuirse en la seguridad interior, reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado y quedar "exentos de responsabilidad penal". La norma que da impunidad a quienes cometan delitos que transgredan la legislación nacional o la normativa internacional de derechos humanos lleva la firma de la presidenta interina Jeanine Áñez y fue publicada hoy, aunque tienen fecha de hace dos días.
El decreto también pone a disposición de las fuerzas de seguridad locales y nacionales todo el aparato del Estado. Según el texto, "todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales". A pesar de la falta de especificaciones, se sobreentiende que en este punto se les concede el acceso a los servicios de inteligencia, el presupuesto para equipamiento y la información y servicios con los que cuente la sumatoria de los ministerios.

Sin responsabilidad penal.
El punto más grave del "decreto supremo" reside en el artículo tercero, que explícitamente le da carta blanca al Ejército para reprimir sin que importe si esa actuación transgrede la legislación. "El personal que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", añade el texto.
Según la información de los medios extranjeros, este requisito habría sido uno de los condicionamientos que las Fuerzas Armadas le pusieron al gobierno de facto para darle su respaldo. El "decreto supremo" fue firmado por Áñez y once de sus ministros, entre ellos la de Comunicación, Rozana Lizarraga, que implementó la figura de "sedición" para la prensa internacional que en territorio boliviano hable de "golpe de Estado" .
También puso su rúbrica el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que con total tranquilidad anunció en conferencia de prensa que el gobierno interino lanzaba una "cacería" contra opositores. "Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y también de gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí", dijo.

ONU.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ayer un "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza" contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia. En concreto se refirió a la muerte de manifestantes en la ciudad de Sacaba, Cochambamba, "presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad". "Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días", indicó la ex presidenta chilena.
"Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar", apuntó.
Bachelet condenó estas muertes y advirtió que implican un peligro extremo puesto que lejos de apaciguar la violencia "es posible que la empeoren". "Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos", agregó.

Pedido de datos.
Para Bachelet, Bolivia es "un país dividido" por la indignación que existe en los distintos sectores del espectro político. "En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible", advirtió.
Expresó gran inquietud no sólo por los muertos y centenares de heridos, sino porque se han registrado numerosas detenciones: más de 600 desde el 21 de octubre, "muchas de ellas durante los últimos días". La Alta Comisionada ha pedido a las autoridades revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las protestas e insistió en la necesidad de investigar con "celeridad, imparcialidad, profundidad y transparencia" los hechos para que haya una rendición de cuentas de los responsables.

Ya suman 22 los muertos en Bolivia.
La muerte en fuertes disturbios de al menos nueve personas agravó ayer aún más la profunda situación que sufre Bolivia, mientras los políticos intentan avanzar hacia unas nuevas elecciones, como solución a la crisis en el país desde la renuncia de Evo Morales. Los féretros de algunos de los fallecidos comenzaron ayer a llegar a Cochabamba, la más castigada por la violencia.
Los ataúdes de cinco de los fallecidos en los disturbios del viernes fueron recibidos con gritos clamando justicia frente al Instituto de Investigaciones Forenses en Cochabamba, en el centro del país. "Acaso somos perros", se preguntaban, para denunciar ante las cámaras que "no pueden matar de esta manera", reportaron medios locales.
Las protestas en Bolivia ya dejaban 22 muertos, más de 500 heridos y de 600 detenidos desde los comicios en los que Morales fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, hasta que el domingo la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló "graves irregularidades" y Morales, forzado por las FFAA, renunció a la Presidencia.

Sesión.
La única salida a la crisis más profunda en Bolivia desde la "guerra del gas" de 2003, que dejó más de 60 muertos, parece ser por ahora una nueva cita con las urnas, un proceso que podría demorarse unos tres meses. Para agilizarlo, ayer el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, que controla el Parlamento, anunció para el martes una sesión que inicie el proceso, que pasa primero por nombrar un nuevo órgano electoral que suceda al anterior, cuyos miembros están procesados y algunos ya en prisión por el supuesto fraude del 20 de octubre.

Pedido de ayuda internacional.
El presidente derrocado Evo Morales hizo un llamamiento a las personalidades internacionales especializadas en derechos humanos y en materia penal para "colaborar en la defensa legal" de las víctimas de la represión desatada por el gobierno de facto contra las movilizaciones que denuncian el golpe de Estado. "Invito a juristas voluntarios expertos en derechos humanos y penalistas a colaborar en la defensa legal de mis hermanos masacrados por el gobierno de facto con los métodos de las dictaduras militares", tuiteó el mandatario desde México, donde se le concedió asilo político ante el riesgo que corría su vida. La declaración fue hecha por Morales a través de su cuenta de Twitter horas después de que se conociera que 22 personas murieron producto de la represión desatada por las fuerzas de seguridad en distintas ciudades de ese país. Más temprano, Evo Morales había denunciado también la "persecución ilegal" lanzada contra médicos cubanos. En otro tuit hizo un llamado "para que el respeto, solidaridad y fraternidad entre hermanos bolivianos se impongan a la violencia" del gobierno de facto, cuyos funcionarios "fomentan el odio, la confrontación y la represión contra los más humildes". También volvió a hacer un "llamado al diálogo de alto nivel con mediadores para pacificar" el país que hace una semana concretó el golpe de Estado a pesar de su decisión de llamar nuevamente a elecciones para echar luz sobre las denuncias sobre un presunto "fraude" cometido en los comicios en que fue reelecto para un nuevo mandato. (Página12/Télam)