Campesinos incrementan protesta

El gobierno de Nicaragua inaugurará hoy las obras preliminares para la construcción de un canal interoceánico de gran calado, en medio de protestas crecientes de campesinos que se oponen al emprendimiento y una fuerte militarización de la zona.
Los trabajos -previos a la obra que, según estimaciones oficiales, durará unos siete años y costará alrededor de 50.000 millones de dólares- serán puestos en marcha por la tarde en Rivas, a unos 110 kilómetros al sudeste de Managua.
Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega encabezará en la capital, a la misma hora, el acto central por el mismo motivo, junto a ejecutivos del consorcio chino HKND, concesionario de la obra.
Los campesinos agrupados en el Movimiento Cocibolca, que incrementaron las acciones de protesta en los últimos días, anunciaron que boicotearán el acto en Rivas.
Allí y en otros municipios cercanos, el Ejército y la Policía desplegaron fuerzas especiales y antidisturbios para proteger a los técnicos de HKND, algunos de los cuales fueron agredidos a pedradas por campesinos.

Marchas.
Los campesinos, que ya realizaron numerosas marchas de protesta, temen que sus tierras sean expropiadas con motivo de la construcción del canal sin que se les pague una indemnización justa y sostienen que nadie les hizo una propuesta formal.
"Vamos a detener los vehículos para revisarlos y ver si hay chinos para bajarlos, porque no vamos a permitir que vayan a medir nuestras propiedades ni tampoco a robárselas", afirmó Celestino Suárez, dueño de poco más de 100 hectáreas en una zona por donde pasará el canal.
"Decimos robárselas porque no hemos recibido ninguna clase de propuesta, solamente han querido medirlas", agregó Suárez en declaraciones publicadas por la prensa local y recogidas por la agencia de noticias alemana DPA.
Desde el jueves pasado, los agricultores realizaban guardias permanentes al costado de la ruta que une algunos municipios de la región del Pacífico con otros del Caribe, y enarbolaban pancartas de rechazo a la iniciativa y a Ortega.
El proyecto también es cuestionado por ambientalistas y ecologistas. (Télam)