Martes 09 de abril 2024

Curuguaty: exigieron investigar

Redacción 14/07/2016 - 02.19.hs

Amnistía Internacional (AI) y Oxfam, dos organizaciones no gubernamentales (ONG), exigieron una investigación imparcial sobre la muerte de 11 campesinos durante un desalojo violento de 2012 en Curuguaty, Paraguay, así como reparación para las familias de las víctimas.
En un comunicado conjunto fechado en Ciudad de México, las organizaciones señalaron que seis policías y 11 campesinos murieron durante el violento desalojo en las tierras conocidas como Marina kue, ubicadas en el departamento de Canindeyú, el 15 de junio de 2012. Sin embargo, añadieron que en el juicio -finalizado el lunes- solo fueron abordadas las muertes de los agentes policiales.
Amnistía, en conjunto con otras organizaciones locales e internacionales, expresó "su preocupación en diferentes oportunidades ante el rechazo del Ministerio Público de investigar la muerte de los once campesinos".
En ese sentido, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, aseguró que "hasta ahora no ha explicado de forma convincente los motivos por los cuales no investigaron tales muertes, ni la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales a campesinos".
El texto cita información de organizaciones locales de derechos humanos para evidenciar la situación que se vive en Paraguay, donde en los últimos 25 años, al menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas han sido asesinados o están desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución equitativa de la tierra.
"En Paraguay, 1,6 por ciento de los propietarios poseen 80 por ciento de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución", puntualizó Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.
De acuerdo con el comunicado, pobladores de la zona, varios de ellos víctimas y familiares, del desalojo de 2012, llevan más de 10 años demandando el uso de tierras de propiedad estatal en el marco de la reforma agraria. (Pagina12.com)

 

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