Escala el conflicto separatista

TRAS LA QUERELLA PENAL CONTRA EL PRESIDENTE CATALAN ARTUR MAS

El conflicto separatista de Cataluña escaló ayer tras la presentación de una querella criminal de la Fiscalía del Estado español contra el presidente catalán, Artur Mas, por haber celebrado la consulta simbólica sobre la independencia del pasado 9 de noviembre, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) español.
La controvertida decisión de avanzar por la vía penal contra un presidente regional, por una actuación política que se produjo en democracia, no tiene antecedentes en la historia de España.
Con la intervención de la Justicia, se abre un nuevo frente de batalla entre el Estado central y el gobierno regional catalán, que puede terminar dejando “fuera de juego” a Artur Mas, pero también corre el riesgo de contribuir a reforzar la “causa independentista”.
En la demanda, que fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se acusa Mas, a su vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación catalana, Irene Rigau, de haber cometido presuntos delitos de desobediencia grave a la autoridad, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes), prevaricato continuado y malversación de fondos públicos, en relación con la consulta del 9 de noviembre (9N).

Posibles penas.
De prosperar la querella, algo que fue puesto en duda por expertos en Derecho Penal, Mas y las otras dos dirigentes catalanas deberán afrontar penas que oscilan entre la inhabilitación (hasta diez años) y la cárcel (hasta un año), por lo que no sería de efectivo cumplimiento.
La demanda, que fue impulsada por el Fiscal General del Estado español, Eduardo Torres Dulce, se presentó recién doce días después de la celebración de la consulta soberanista, debido a una controversia con los fiscales de Cataluña, que se oponían a la decisión por considerar que no había base jurídica suficiente.

Justicia española.
El conflicto, que nunca antes había ocurrido en la esfera judicial, fue interpretado como una consecuencia directa de la politización de la Justicia española tras denunciarse tanto presiones del gobierno catalán de Mas como del central de Mariano Rajoy a los fiscales que se encuentran bajo su esfera de influencia.
Sin embargo, el fiscal General del Estado quiso demostrar que se trataba de un tema netamente jurídico y buscó el aval de la Junta de Fiscales, un órgano consultivo no vinculante donde se debate temas jurídicos y técnicos. El respaldo llegó el miércoles y ayer, finalmente, se presentó la querella.
Según la querella elaborada por Torres Dulce, la Generalitat (gobierno catalán) desplegó una “conducta incompatible” con la resolución del TC dictada el 4 de noviembre que “no dejaba margen alguno a la duda”.
Se explica que con el propósito de cumplir con su designio original de convocar una consulta refrendataria sobre el futuro político de Cataluña -que había sido previamente suspendida-, y con el único fin de “eludir el control jurisdiccional”, impulsó el mismo proceso pero “con actos jurídicos no formalizados”.

La consulta.
El Ministerio Público subraya que el 9N se celebró una consulta “planificada, auspiciada y financiada” por la Generalitat, que fue “articulada” a través de una página web (www.participa2014.cat).
“Las personas contra las que se dirige la acción penal han dispuesto fondos públicos para consumar la desobediencia a la suspensión facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta”, señala el documento al que tuvo acceso Télam.
Aunque la cuantía aún es indeterminada, sólo el presupuesto en publicidad institucional ascendía a los 9 millones de euros, según publicaron los medios españoles, recuerda la querella.

Sin precedentes.
Si bien la Fiscalía fundamenta cada uno de los presuntos delitos en base a jurisprudencia, no existen precedentes en España de un caso en que los responsables de una administración pública hayan incumplido una suspensión cautelar (y no una ley declarada ilegal) del Constitucional. (Télam)