Ex presidente Lula Da Silva procesado

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue procesado ayer por supuestamente obstruir la acción de la justicia en la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en la empresa estatal Petrobras, en lo que puede ser un duro golpe a la estrategia del Partido de los Trabajadores (PT) para superar en el Senado el juicio político contra la mandataria suspendida, Dilma Rousseff.
La decisión fue tomada por el juez federal Ricardo Leite, quien aceptó el acuerdo de un ex senador 'arrepentido', Delcidio Amaral, quien acusa a Lula de participar de una operación para "comprar el silencio" del corrupto confeso Néstor Cerveró, uno ex director de Petrobras que cumple condena domiciliaria por recibir sobornos.
"La fiscalía y la policía tienen que probar, ya estoy cansado de esto", dijo el ex presidente Lula al conocer la noticia, durante un acto político en San Pablo.

Primer procesamiento.
Este es el primer procesamiento de Lula vinculado a la denuncia del senador Delcidio Amaral, un corrupto confeso que le dijo a la justicia que el ex presidente le pidió ayuda para financiar a la familia de Cerveró para que frenara su delación a la justicia.
El caso supone un fuerte revés para la estrategia del PT y de los partidos de izquierda y movimientos sociales que preparan para el domingo una manifestación "Fuera Temer" en todo el país.
El juez Leite, de Brasilia, convirtió en procesado a Lula al recibir la denuncia hecha por la fiscalía en base a la delación de Delcidio Amaral, quien era del PT y fue grabado por el hijo de Cerveró prometiendo una fuga vía Paraguay hacia España para su padre, el detenido y condenado Néstor Cerveró, ex director de Petrobras.
Además de Lula, el juez procesó a Amaral, al banquero André Estevez, ex dirigente del BTG Pactual, al ganadero Juan Carlos Bumlai y a su hijo, Mauricio Bumlai, y al abogado Edson Ribeiro.
Bumlai es considerado amigo personal de Lula y ya estaba preso en la Operación Lava Jato acusado de lavado de dinero supuestamente para abastecer campañas del PT.
Cerveró, en su confesión premiada, gracias a la cual goza de prisión domiciliaria, dijo que desde los años 90 que recibe sobornos para acomodar contratos en Petrobras y es quien sostuvo que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) recibió 100 millones de dólares de sobornos por la venta de activos de Petrobras a la argentina Pérez Companc, a inicios de los 2000.

Crisis política.
El procesamiento de Lula llega en medio de una tormenta política en el país y un día después de que el ex presidente denunciara por abuso de poder ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU al juez Sergio Moro, el magistrado de la causa original de la operación Lava Jato.
En términos políticos, este procesamiento alivia la presión sobre el presidente interino, MIchel Temer, quien se declaró en rebeldía con Rousseff y apuesta, como dijo ayer ante la prensa extranjera, a que el Senado destituya su ex compañera de fórmula del cargo.
La defensa de Lula emitió un comunicado en el cual afirma que el ex mandatario "jamás interfirió o intentó interferir en la declaración y testimonios de la causa Lava Jato".
La acusación está "basada exclusivamente en la delación premiada de un procesado confeso y sin credibilidad, que hizo un acuerdo con la fiscalía federal para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria", dice la defensa de Lula, en base al senador Amaral.

Acusación.
El fiscal federal, Rodrigo Janot, acusó en marzo a Lula de "articulaciones espurias para influenciar a la Lava jato", un parecer basado en las designaciones hechas en Petrobras por parte del PT y su entonces aliados, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer.
Lula había sido llevado a declarar por la fuerza el 4 de marzo pasado por orden del juez Moro, quien investiga a dos propiedades del estado de San Pablo y sus vinculaciones con el ex presidente, quien niega ser el titular de ellas.

Rousseff.
El ex mandatario participó anoche en San Pablo de un acto político con la Unión de Juventudes Socialistas, para repudiar el "golpe parlamentario" contra Rousseff y pedir la salida de Temer.
Los movimientos sociales reclaman un plebiscito para definir el futuro del país mientras que el Senado, a fines de agosto, debe tratar el juicio político contra Rousseff por alteraciones contables en el presupuesto de 2015. (Télam)