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«Existe un profundo odio racial»

LA COMISION ARGENTINA EN BOLIVIA DENUNCIO DELITOS DE LESA HUMANIDAD

«Este gobierno ha desatado un odio racial enorme. Abrieron la caja de pandora y salieron mil demonios que se están expresando en situaciones de profunda violencia» , dijo el jurista Luis Arias, uno de los integrantes de la comitiva argentina que viajó a Bolivia. El jueves, un grupo de cuarenta dirigentes sociales y de derechos humanos arribó al país vecino con el objetivo de elaborar un registro de las muertes y abusos sufridos por la población desde que se consumó el golpe de Estado contra Evo Morales.
Desde el momento que pisó el suelo boliviano, la comitiva -compuesta por Juan Grabois (CTEP), el abogado Roberto Carlés, Pablo Pimentel y Mauricio Rojas (APDH), Victoria Freire (Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Ciudad), Daniel Catalano (ATE), Marianela Navarro (FOL), Sergio Smietniansky (Cadep), entre muchos otros y otras – debió enfrentarse a los ataques, amenazas y recelos del gobierno de facto de Jeanine Añez. Fueron retenidos y patoteados en el aeropuerto. Luego el ministro de Gobierno de Añez, Arturo Murillo, salió a amenazarlos públicamente: «Anden con cuidado, los estamos vigilando».

Odio racial.
La delegación recopiló testimonios de las violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad. «Las historias son aterradoras», contó Arias. «La situación es muy terrible, las familias denuncian no ser atendidas en los hospitales. Muchos de los heridos están en las casas porque cuando asisten a los hospitales les arman causas por terrorismo y sedición», indicó Marianela Navarro, delegada del FOL.
Según la comisión, no son sólo las fuerzas de seguridad quienes están atacando a la población, sino que hay numerosas instituciones que también están reproduciendo el odio racista que atraviesa la violencia del gobierno de facto. «Los hospitales públicos no quieren atender a los heridos y la defensorías oficiales no quieren defender a las víctimas. Existe un profundo odio racial que se dirige especialmente contra los sectores más vulnerables y las mujeres», precisó Arias.
La comisión identificó, además, que existe un profundo ensañamiento contra las «mujeres de pollera». Se han registrado numerosos casos de violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niñas indígenas, atacadas en vida y luego de su muerte.

Lesa humanidad.
La delegación denunció, en base a las pruebas y testimonios recogidos, que el gobierno de facto está cometiendo «delitos de lesa humanidad» desde la asunción de Jeanine Áñez. En una conferencia de prensa, y a pesar de las amenazas del ministro Arturo Murillo, los integrantes presentaron las conclusiones de su accidentada visita al país andino.
La delegación habló de «violaciones sistemáticas a los derechos humanos» tras haber corroborado delitos tales como la «desaparición forzosa de personas», «situaciones de tortura en espacios públicos», «violaciones y delitos sexuales» y «falta de garantías procesales para los detenidos», entre otros crímenes que dan cuenta de «la situación de terror» con la que se encontraron allí.

Apoyo extranjero.
La delegación dijo contar con material probatorio del «apoyo explícito» de países extranjeros en el Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. «Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho», subrayaron.
«Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios, de torturas, de violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos», puntualizaron.

Delitos denunciados.
La delegación denuncio la comisión de 11 delitos: Dos masacres en Senkata y Sacaba, la primera con nueve muertos y la segunda con seis. Desapariciones de personas. Torturas, violaciones y delitos sexuales. Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares. Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa.
Además, advirtieron que «numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal». Represión de manifestaciones públicas, subrayaron que verificaron un «uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza».
Restricción manifiesta de la libertad de prensa. Promoción del racismo y los discursos de odio. Inacción y encubrimiento del poder judicial. «Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos», puntualizaron.
Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales. (Página12.com)