Inicia el impeachment contra Rousseff

Inmerso en una recesión, la mandataria Dilma Rousseff será sometida a juicio político tras una denuncia por corrupción. Temer, presidente interino, confía en la destitución de la presidenta para continuar su mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
Brasil se enfrentará desde hoy a un proceso histórico, el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, suspendida en el cargo desde el 12 de mayo pasado, motorizado por el gobierno interino de su vicepresidente Michel Temer, quien se pasó a la oposición y confía en la destitución de la ex aliada para continuar el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la que asumirá el próximo gobierno.
"Estamos viviendo un momento dramático de la historia de nuestro país", dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros, antes de ceder la conducción de los trabajos, hasta el día 30 o 31, al titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quien será el juez de una cámara alta que se convertirá en tribunal.
El país, inmerso en una recesión desde el año pasado, con el desempleo avanzando y en 11 por ciento (estaba en 4,8 por ciento tras la reelección de Rousseff, en 2014) aparece conmocionado por la batalla jurídica en torno a la Operación Lava Jato, que descubrió una red de corrupción en la empresa Petrobras y mantiene presos a políticos y poderosos empresarios de la construcción.
La mandataria está acusada de delitos de responsabilidad por haber alterado con tres decretos las prioridades de partidas presupuestarias y de valerse de los bancos públicos para pagar subsidios de productores rurales, algo conocido en Brasil como 'pedalada fiscal" y que Rousseff califica como un motivo banal para asestarle un "golpe parlamentario".
También parece estar en juego la revisión de un modelo desarrollista con inclusión social instaurado en 2003 por Luiz Inácio Lula da SIlva, que logró en 2010 elegir a su jefa de gabinete, Rousseff, y quien alcanzó la reelección en 2014, aunque ese brillo y popularidad son hoy un dibujo borroneado.
Todas las apuestas en el ámbito político de Brasilia y el empresarial-financiero en San Pablo indican que Rousseff será destituida, para lo cual se necesitan en el Senado dos terceras partes de los votos, esto es 54 sobre 81.

Cronograma.
Según la hoja de ruta trazada con acuerdo de los jefes de bloque y Lewandowski, hoy, el viernes y, si es necesario, sábado y domingo, se escucharán a los testigos de las partes; y el lunes será el turno del discurso de 30 minutos de la propia Rousseff, que será interrogada por sus acusadores y aliados.
Afuera del Congreso, movimientos sociales y sindicales prometieron acudir para respaldar a la mandataria suspendida desde el 12 de mayo.
El martes 30 cada senador podrá hablar por 10 minutos y luego será el turno de la acusación y la defensa.
Para intentar seducir a los pocos indecisos que quedan, los movimientos sociales de izquierda han calificado de golpistas a quienes han aprobado, tanto en comisión como en el plenario para recibir denuncias, el expediente acusatorio contra Rousseff.
Rousseff, en cambio, apunta a la salida institucional: solucionar con un llamado a elecciones la crisis política que se arrastra desde que en 2014 fue reelecta en medio de una investigación sobre una colosal red de sobornos a directivos de la estatal Petrobras que recaudaban dinero para campañas políticas de las empresas constructoras que lograban contratos en forma fraudulenta.
"Si este fuera un proceso normal, Dilma ya estaría absuelta. La prueba es cabal, es evidente que no hay pruebas que sustenten a la acusación, que este proceso contable no tiene base jurídica. Tiene el componente político de personas que quieren derrocar a Dilma de cualquier forma. El sentimiento golpista es muy fuerte en algunos sectores, incluso en los medios", dijo en diálogo con Télam el abogado de Rousseff, el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo. (Télam)