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La ONU defendió la candidatura de Lula Da Silva

La campaña para las elecciones de octubre en Brasil arrancó formalmente el jueves con los partidos de los 13 candidatos a la presidencia, entre ellos el encarcelado Lula, habilitados para motivar en mítines y por Internet a una población indecisa.
El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), que convirtió el miércoles el registro en Brasilia de la improbable candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su primer acto masivo para los comicios del 7 de octubre, inició la jornada con una manifestación de un centenar de participantes frente al Teatro Municipal en Sao Paulo.
El centro-izquierdista Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), fue uno de los primeros en abrir fuego, con un acto callejero en el norte de Río de Janeiro en que prometió «salvar a Brasil».
El ex banquero Henrique Meirelles, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha, el partido del impopular presidente Michel Temer), divulgó por las redes su «Pacto por la Confianza», el programa con el que promete devolver a Brasil al crecimiento.
Y la ambientalista Marina Silva (Rede Sustentabilidade, centro) lanzó un video por las redes en el que insta a los brasileños a «hacer el cambio» y visitó un centro de salud en Sao Paulo.
Varios candidatos, entre ellos el ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centro-derecha), participaron a fines de la tarde en un encuentro de mujeres en la capital paulista.
Los candidatos a estas megaelecciones que también designarán a los 27 gobernadores del país y renovarán la Cámara de Diputados (513 escaños) y dos tercios del Senado (54 escaños de un total de 81), tendrán hasta el próximo 6 de octubre, víspera de la primera vuelta, para realizar mítines y distribuir material gráfico por las calles y por Internet.
Esta fase incluirá el ciclo de debates televisivos inaugurado el pasado viernes y el período de propaganda gratuita por radio y televisión que se iniciará el próximo 31 de agosto.

Lula.
Lula, que purga en Curitiba (sur) una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, recibió por la tarde la visita de su compañero de fórmula, el ex alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, y del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
El ex mandatario (2003-2010) es el favorito en los sondeos, con casi un tercio de las intenciones de voto, pero su postulación, que ya fue impugnada el mismo miércoles por la fiscal general, Raquel Dodge, será con toda probabilidad invalidada, dado que la Ley de Ficha Limpia excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como en su caso.
En tanto, el Tribunal Superior Electoral (TSE), que tiene como máximo hasta el 17 de septiembre para decidir el futuro de Lula.

Comité de la ONU.
Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó el viernes a Brasil a permitir que Lula da Silva haga campaña desde la cárcel y mantenga su candidatura para las elecciones de octubre.
El Comité, con sede en Ginebra, pidió que Brasil «tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer mientras esté en prisión sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial de 2018».
El organismo consideró además que Lula no puede ser excluido como candidato «hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos».
La cancillería brasileña respondió poco después que «las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto vinculante jurídicamente», comprometiéndose a «encaminar al Poder Judicial» las decisiones adoptadas por el organismo formado por expertos.
El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) inscribió su candidatura el miércoles, aunque esta debería ser invalidada en función de la Ley de Ficha Limpia. La fiscal general de la República, Raquel Dodge, presentó ese mismo día el pedido de invalidación de la candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que debe analizarlo en los próximos días. Dodge también pidió acelerar el trámite, dada la proximidad de los comicios del 7 de octubre (con una eventual segunda vuelta el 28).
El comité de la ONU supervisa violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la aplicación de un texto suplementario llamado Protocolo Facultativo. Brasil ha ratificado ambos textos.
El ministerio de Relaciones Exteriores, en su comunicado, destacó que Brasil «cumple fielmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos» y que sus principios «son también principios constitucionales brasileños, aplicados con celo y absoluta independencia por el Poder Judicial».
La Fiscalía General de la República (PGR) indicó a la AFP que «por el momento, no se manifestará».
Un miembro del Comité de Derechos Humanos, Olivier de Frouville, dijo a la AFP que los abogados de Lula habían pedido una acción urgente en tres asuntos: que sea inmediatamente puesto en libertad, que se le concediera acceso a los medios y a su partido político y que se le permitiera participar en las elecciones. El panel rechazó la primera de las peticiones, pero validó las otras dos. (AFP)