Las críticas del NYT a Thomas Griesa
Miércoles 21 de febrero 2024

Las críticas del NYT a Thomas Griesa

Redacción 27/07/2014 - 03.40.hs

FLOYD NORRIS*
Thomas Poole Griesa ha sido juez federal por 42 años. Y ha venido lidiando con la deuda en default de Argentina durante una década.
Recién ahora está aprendiendo cuán complicada puede ser la vida para un juez que intenta controlar las acciones de un gobierno soberano, y emite órdenes que supuestamente obligarán a quienes normalmente jamás deberían someterse a la jurisdicción de una corte norteamericana.
"Estamos en el horno," dijo en determinado momento durante la audiencia del pasado martes, en un caso que ha conmocionado el mundo de las reestructuraciones de deudas soberanas. Se refería a la posibilidad de que Argentina cayera nuevamente en default en el pago de su deuda externa, algo que parece casi inminente el próximo miércoles. Pero también podría haberse referido al proceso que él mismo desencadenó al dictar medidas que pretendían obtener una cosa -obligar a Argentina a cumplir lo que reiteradamente llamó "sus obligaciones"- sin molestarse en tomar en cuenta cuán compleja es esta situación. Las audiencias de esta semana dejaron en claro que no había comprendido completamente este negocio de bonos sobre el que ha venido decidiendo durante años.

 

Aparece Griesa.
Argentina entró en default en 2001, y tomó una actitud "imperial" para con los acreedores perjudicados. En 2005, ofreció un canje "lo tomas o lo dejas" por nuevos bonos en reemplazo de los antiguos, en el cual los acreedores debían aceptar grandes pérdidas. Luego, en 2010, les dijo a los acreedores que quedaron fuera del canje que tendrían una nueva oportunidad de canjear sus bonos. La mayoría lo hizo, pero algunos, principalmente "fondos buitre", se negaron y demandaron el pago total de la deuda. Argentina juró que esos inversores rebeldes nunca recibirían un centavo. Ahí apareció el juez Griesa, que había sido presidente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York hasta 2000, cuando fue ascendido a juez superior.
Otros jueces ya habían fallado que Argentina debía ese dinero, pero esos fallos eran inoponibles, en la práctica, a un Estado soberano. El juez Griesa apareció entonces con una interpretación legal para darle efectividad a estos fallos. Sostuvo que Argentina debe pagar los viejos bonos en su totalidad, en el mismo momento en que efectúe el próximo pago semestral a los tenedores de los nuevos bonos. Y, que de no hacerlo, cualquier banco que ayudara a la Argentina a pagar los intereses de los nuevos bonos, estaría violando su orden. Ese fallo fue confirmado por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, y en junio pasado, la Corte Suprema se negó a tratar la última apelación argentina.

 

Viejos y nuevos bonos.
En la reestructuración de la deuda argentina, los tenedores de los viejos bonos que aceptaron el canje, recibieron una variedad de nuevos bonos, dependiendo en parte de qué tipo de bonos viejos poseían, y qué tipo de bonos nuevos recibieron. Algunos bonos se suscribieron en dólares estadounidenses, otros en pesos argentinos, otros en euros, y otros en yens. Algunos de ellos se sometieron a la jurisdicción de Nueva York, otros a la argentina, la inglesa o a la japonesa. Y es aquí donde aparecen las complejidades que el juez Griesa aparentemente no había comprendido.
La orden que dictó a comienzos de este año decía que, en caso de que Argentina no pagara los viejos bonos, tampoco debía pagar los intereses de los nuevos, y que los bancos no debían permitirle que lo hiciera. Eso sonaba como que su orden incluía a todos los bonos del canje, incluso aquellos que no estaban sometidos a la jurisdicción de Nueva York. Pero los fundamentos expresados en el fallo, sólo se referían a los bonos emitidos bajo la jurisdicción de Nueva York. Pasó por alto la existencia de otros bonos. Entonces este fallo, ¿se aplicaba a los otros bonos canjeados, incluso aquellos sometidos a la jurisdicción argentina? Un banco que procesara el pago de esos intereses, ¿estaría desobedeciendo la orden del juez?
La filial argentina del Citibank, que administra los bonos sometidos a la jurisdicción argentina -algunos en dólares, y otros en pesos- le pidió una aclaratoria al juez, quien la dictó el pasado 27 de junio: Citibank podía procesar los pagos de intereses por esos bonos, ya que no estaban incluidos en su fallo.

 

No se dio cuenta.
La audiencia de esta semana se trató principalmente de modificar esta última disposición, y el juez inicialmente dejó en claro que no veía razones para un cambio. Consideró a los bonos como locales, propiedad de ciudadanos argentinos. "Desde un punto de vista práctico, de sentido común -le preguntó al abogado de los fondos buitre que pidió la modificación- por qué tienen que involucrarlos en este problema?".
Resulta que no sabía demasiado sobre esos bonos de jurisdicción argentina. Dijo que su decisión de junio implicaba "una excepción ínfima" a su fallo inicial, y le dijo al abogado de los fondos -Edward A. Friedman, de Friedman Kaplan Seiler & Adelman- "tengo entendido que los fondos de que se habla en su moción no son parte del canje". Cuando le explicaron que los bonos en cuestión era, efectivamente, parte del canje, y que representaban aproximadamente una cuarta parte del total, dijo que no se había dado cuenta de ello, y revocó su anterior medida. "Estando ahora aquí sentado -dijo- me doy cuenta de que, siendo bonos del canje, deberían ser tratados como tales, y por ende deberían ser incluidos con el resto de los bonos del canje en la orden del 23 de febrero". La escena no está mal como espectáculo teatral, pero difícilmente sirva para inspirar confianza en el sistema legal norteamericano.

 

Asombroso.
"Estas cuestiones son esenciales para la implementación de esta orden", dijo Anna Gelpern, una profesora de Derecho en la Universidad de Georgetown University que ha seguido el caso durante años, tras leer la transcripción de la audiencia del martes."Casi la mitad de la deuda podría estar incluida o no, según cómo se resuelvan estas cuestiones. El hecho de que estemos confrontándolas a días de producirse el default, es escalofriante".
Y no es que nadie haya advertido sobre estos problemas, en los múltiples escritos y exposiciones presentadas en el expediente, tanto ante el juez Griesa como ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, esos argumentos parecen no haber sido registrados. "Que esto salga a la luz recién ahora, después de haber atravesado tantas etapas procesales, en la jurisdicción más especializada en finanzas de todo Estados Unidos -dijo Gelpern- resulta asombroso".
El martes pasado, Griesa decidió finalmente que lo pensaría mejor, y dictaría una resolución más adelante. En algún momento tendrá también que lidiar con los bonos sometidos a las jurisdicciones inglesa y japonesa. Si finalmente decide que los bonos de jurisdicción argentina están incluidos en su decisión de febrero, y le ordena al Citibank no procesar el pago de esos intereses, el banco tendrá entonces que decidir entre desafiar al juez Griesa, o incumplir la ley argentina, donde podría ser demandado por su incumplimiento.
Si falla en el sentido contrario, Argentina podría intentar un nuevo canje, ofreciendo bonos de jurisdicción argentina a los acreedores que estén dispuestos a entregar sus bonos de jurisdicción norteamericana. Probablemente el juez intentaría bloquear ese eventual canje.

 

Mucho que pensar.
Argentina cuenta con un plazo de gracia hasta el próximo miércoles para pagar los intereses de los bonos del canje. Ya ha depositado ese dinero en los bancos administradores, incluyendo el Bank of New York Mellon, a cargo de los bonos bajo jurisdicción norteamericana. Ese banco no ha hecho nada con ese dinero, ya que claramente está obligado por la orden del juez.
Argentina sostiene que ese pago implica que no caerá en default, ya que no será culpa del país si los tenedores de bonos del canje no reciben su pago. El juez sostiene que Argentina actuó ilegalmente al efectuar dicho pago, pero no ha decidido aún qué debería hacer el Bank of New York Mellon con ese dinero. Los fondos buitre quieren que el juez le ordene al banco devolverle el dinero a Argentina. El banco, temiendo posibles demandas de los tenedores de bonos, pretende mantener ese dinero en su poder hasta que todo se resuelva. El juez está considerando también ese asunto.
Mientras el miércoles se aproxima, el juez tiene mucho en qué pensar. Hubiera sido mejor que hubiera pensado un poco antes de dictar su fallo, o que la Corte de Apelación, o la Corte Suprema, lo hubieran obligado a hacerlo.

 

El por qué de una traducción.
El litigio que mantiene Argentina con los llamados "fondos buitres" -ellos prefieren llamarse "hedge funds"- no sólo es de una enorme complejidad jurídica. Es, además, un caso sobre el que existen muy pocos precedentes y se carece de una legislación específica, ya que no existe una norma internacional sobre concursos y quiebras de Estados soberanos.
El ciudadano argentino, alarmado por las posibles consecuencias personales que deberá afrontar debido a este problema, se encuentra invariablemente con información parcial y simplificada. Desde la oposición se pretende cargarle culpas al gobierno por los supuestos "errores" en la conducción del conflicto, sin señalar jamás en qué consistieron tales desaciertos. El gobierno, por su parte, ha adoptado en general un discurso más político que técnico.
Para acceder a la información "dura" del caso, es necesario no sólo entender inglés y poseer conocimientos legales, sino además conocer el sistema jurídico norteamericano. De más está decir que muy pocas personas reúnen estos requisitos.
En un intento por arrimar al lector información de primera agua, escrita desde una perspectiva no partidista, presentamos una traducción completa del artículo publicado el pasado 24 de julio por el diario norteamericano The New York Times, titulado "El embrollado caso de los bonos argentinos".
El foco del artículo está puesto principalmente en informar sobre el funcionamiento del sistema judicial local, formulando serias críticas a la actuación del juez actuante, a quien acusa de no haber estudiado debidamente las complejidades del caso, y de haber dictado resoluciones por fuera de su competencia y jurisdicción.
* The New York Times.

 


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