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Medida sortea el estado de excepción

PIÑERA ANUNCIA LEY PARA QUE MILITARES PROTEJAN INFRAESTRUCTURA DE CHILE

Una vez más, el presidente Sebastián Piñera decidió endurecer su postura frente al conflicto social en Chile. Anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas protejan los servicios y la infraestructura pública del país. La medida evitaría decretar el estado de emergencia, al que debió recurrir por nueve días desde el estallido del conflicto el pasado 18 de octubre. La medida presentada por Piñera fue rechazada de inmediato por la oposición. El presidente también anunció que las fuerzas policiales de Inglaterra, Francia y España brindarán asesoría profesional a Carabineros, y destacó el reingreso a la fuerza de personal retirado.
El proyecto de ley habilita a las Fuerzas Armadas a «colaborar en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial, cuyo funcionamiento eficaz es vital para la seguridad y calidad de vida de todos los chilenos», dijo Piñera a la prensa después de visitar la Escuela de Suboficiales de Carabineros. En ese marco, incluye los sistemas de abastecimiento eléctrico y de agua potable, que durante varios días sufrieron desperfectos por ataques a sus centrales de distribución.
La iniciativa permite asignar a militares esas tareas «sin necesidad de decretar estado de emergencia constitucional, ni de restringir las libertades y derechos de los ciudadanos», agregó el mandatario. Desde la crisis que estalló en Chile el 18 de octubre, Piñera decretó por nueve días estado de emergencia. La medida constitucional otorga a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la población y el resguardo de la vía pública.
La visita de Piñera a la Escuela de Suboficiales se enmarca además en su apoyo manifiesto al cuerpo de Carabineros, en medio de fuertes cuestionamientos a la fuerza. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional coinciden en que durante el conflicto social se cometieron violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de agentes de seguridad del Estado.
Sin hacer mención a las denuncias, Piñera destacó que la colaboración de militares en el resguardo de instalaciones públicas permitirá liberar a un significativo número de carabineros «para que vigilen y patrullen las calles, plazas y lugares públicos, protegiendo el orden público y la seguridad de nuestros ciudadanos».
Adicionalmente, Carabineros recibirá la asesoría profesional de las policías de Inglaterra, Francia y España para mejorar su capacidad operativa. El gobierno chileno adoptó recientemente otras medidas destacadas por Piñera en su discurso, como el reintegro de personal recientemente retirado y el anticipo del egreso de aspirantes a policías.
La convulsión social, iniciada por protestas contra el aumento del boleto del metro que derivaron en amplias demandas sociales, deja en cinco semanas un saldo de 23 muertos, miles de heridos y más de 200 lesionados graves por disparos de perdigones de la policía.

Paro.
Una huelga general progresiva fue convocada para lunes y martes por la Mesa de Unidad Social, el grupo que reúne a más de 150 organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y sindicatos que rechazan el acuerdo constitucional y piden profundizar la agenda social.
La Mesa llamó a los chilenos a participar de la paralización en diversas actividades productivas y de servicios en todo el país, así como a la realización de cacerolazos y acciones para presionar al gobierno de Sebastián Piñera y la clase política para que las autoridades consideren la agenda social emanada desde la población movilizada.
La medida expresa el rechazo transversal que existe en el bloque sobre el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado el pasado 15 de noviembre por distintas fuerzas políticas del país.
De acuerdo al colectivo, el pacto se habría elaborado «entre cuatro paredes» por coaliciones que no los representan y una clase deslegitimada responsable de la crisis social y política, según lo manifestado por Carolina Tello, una de las voceras de mesa de la región de Coquimbo.
El pacto contempla celebrar un plebiscito para consultar al pueblo si desea una nueva Constitución y si ésto se hace a través de una convención constituyente, formada por legisladores y ciudadanos comunes, o una asamblea constituyente integrada exclusivamente por ciudadanos. (Pagina12.com / Télam)