Medidas generan críticas

El Congreso y el Poder Judicial de Brasil quedaron enfrentados abiertamente con un nuevo paquetes de medidas anti-corrupción aprobadas el miércoles a la madrugada por la Cámara de Diputados, que incluyen sanciones al abuso de poder de jueces y fiscales, algo que provocó la reacción contundente de los investigadores de la Operación Lava Jato, que amenazaron con renunciar si el presidente Michel Temer promulga la norma.
"Vamos a renunciar en forma colectiva a la Operación Lava Jato en caso de que la propuesta sea promulgada por el presidente", advirtió en conferencia de prensa Carlos Fernando Lima, fiscal de la República en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná.
En un nuevo costado de la crisis política y económica brasileña, el estallido del conflicto tuvo que ver con la "rebeldía" de la Cámara Baja, que decidió modificar esta madrugada un proyecto anti-corrupción presentado por los populares fiscales de la Operación Lava Jato, que prácticamente quedaron ignorados por los parlamentarios, tanto oficialistas como opositores.
El punto de discordia, sin dudas, fue el que incluyeron los diputados para aumentar las penas de 6 meses a 2 años de prisión por abuso de autoridad a jueces y fiscales que revelen detalles de investigaciones sin terminar y sin sentencia o demuestren predilección político partidaria.

Críticas.
La crítica de la clase política son las filtraciones de investigaciones en curso a la prensa por parte de los fiscales y del juez Sergio Moro, que en muchos casos, como el del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fueron denunciados por persecución y abuso de autoridad ante la ONU.
El fiscal Deltan Dallagnol, jefe del equipo del Ministerio Público en la Operación Lava Jato, sostuvo que "la Cámara Baja ha iniciado el fin de la Operación Lava Jato, la sociedad no puede considerar normal lo que es anormal".
A esto muchos analistas lo consideran una flecha lanzada hacia el corazón de la Operación Lava Jato. Hace dos años se lleva adelante la investigación sobre los negocios de la financiación de la política, empresas y contratos de obra pública.
Por 451 votos contra 1 tuvo media sanción el proyecto que fue repudiado por la presidenta de la
suprema corte de Brasil, Carmen Lúcia. (Télam)