Viernes 22 de marzo 2024

Movilizaciones en ciudades de Brasil

Redacción 11/11/2017 - 01.44.hs

La reforma laboral de Brasil, que quiebra el régimen vigente desde 1943, entrará en vigor hoy en medio de un desempleo que afecta a 13 millones de personas y una ola de protestas por parte de los sindicatos y civiles, que reclamaron en las calles la renuncia del presidente Michel Temer y la derogación de la nueva normativa.
Los cambios estructurales en la ley que hace siete décadas catapultó al entonces presidente Getulio Vargas como el "pai dos pobres" (padre de los pobres) y modificarán la relación entre patrones y empleados, fueron votados este año con la mayoría oficialista que respalda al gobierno de Temer, que, además, promete una reforma previsional antes de dejar el cargo el año que viene.
La oposición ha lanzado una campaña para revocar mediante un plebiscito -en caso de ganar el gobierno en octubre de 2018- la reforma laboral y otras que ha aprobado el gobierno de Temer, como fijar el techo del gasto público por 20 años.

 

La derogarán.
Los tres precandidatos presidenciales para 2018 de la izquierda o centroizquierda, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista) y Manuela Dávila (Partido Comunista del Brasil) dijeron que si llegan al poder derogarán la reforma.
Lula, un ex sindicalista que gobernó el país entre 2003 y 2010 y que está condenado en primeras instancia en causas por corrupción, marcha primero en las encuestas, a 20 puntos del segundo, pero si su sentencia es confirmada no podrá acceder al escenario electoral.

 

Cambios.
Entre los principales cambios se encuentra el concepto de que lo acordado prevalece sobre lo legislado: el acuerdo entre patrón y empleado no pasará por los sindicatos y no podrá ser objetado en la justicia laboral.
Otra modificación es la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria (cumpliendo las 44 horas semanales) sin el pago de horas extras, la creación del trabajo intermitente, en el cual se le paga al empleado en blanco apenas por las horas trabajadas.
La tasa de desempleo del período julio a septiembre fue del 12,4%, un 11% más que en el mismo período del año anterior, cuando en diciembre de 2014 se había llegado al piso histórico 4,8%: ese fue el último número antes del inicio del tsunami político, judicial y económico que se devoró a una presidenta (Dilma Rousseff), sacó del poder al PT y asumió el vicepresidente Temer con la agenda de la antigua oposición.

 

Movilización.
Miles de personas se movilizaron ayer en una jornada de paralización convocada por ocho centrales sindicales, aunque el impacto de estas manifestaciones fue nítidamente menor que el paro nacional del 28 de abril, el más importante de la historia del país, pero que no torció voluntades ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
Temer expresó su optimismo sobre la creación de puestos de trabajo con la nueva legislación. "De aquí en adelante la economía va a seguir creciendo y vamos a recoger los frutos de la nueva ley laboral. La nueva ley no le va a quitar los derechos a nadie", aseguró el presidente, durante una entrevista divulgada por la cadena oficial de radio Voz de Brasil.
La reforma fue respaldada por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y las patronales industriales, como la paulista FIesp y la Confederación Nacional de la Industria.
Otras centrales sindicales que habían apoyado a Temer, como Fuerza Sindical, ahora se pasaron a la oposición debido a que la reforma eliminó la contribución obligatoria al sindicato de los asalariados.

 

Polémica.
La polémica por la ley tuvo su cenit esta semana con la declaración del Ives Gandra, un aliado de Temer que es nada menos que el presidente del Tribunal Superior del Trabajo, la máxima instancia de la justicia laboral.

 

Encuestas.
Según las encuestas, que le dan a Temer una popularidad del 3%, la reforma laboral es antipopular. El 78% de los consultados indicó que no votaría por un legislador que apoyó la reforma laboral.
El 81% de los brasileños desaprueba la reforma laboral y el 67% considera que la nueva normativa beneficia a las patronales, según una encuesta de la consultora Vox Populi divulgada ayer. (AFP-NA)

 

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