ONU denuncia restricciones a refugiados

EL GOBIERNO CHILENO ESPERA EXPULSAR A MAS DE 2.000 migrantes

En un comunicado conjunto, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur), Filippo Grandi, y el director general de la Organización para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, pidieron un mayor apoyo de la comunidad internacional a medida que “aumenta el éxodo”, y se declararon “preocupados ante varios acontecimientos recientes que afectan a los refugiados y migrantes que proceden de Venezuela”.
Las dos agencias de la ONU se refirieron en particular a las nuevas exigencias en materia de pasaportes y de entrada en las fronteras de Ecuador y Perú, así como las modificaciones introducidas a los permisos temporales de residencia de los venezolanos en Perú.
Colombia, que ha recibido a más de un millón de venezolanos en los últimos 16 meses, y ha regularizado temporalmente a 820.000 de ellos, denunció la medida tomada por sus vecinos, alegando que ello favorece las migraciones clandestinas.
Por otra parte, más de 400.000 venezolanos ingresaron a Perú en los últimos dos años, en el marco de la política de puertas abiertas que inicialmente ofrecieron las autoridades ante la crisis social y económica que vive Venezuela. Perú decidió luego exigir pasaporte a los venezolanos que partieron de su país, al detectarse ingresos con cédulas falsas.

Tensiones.
Las tensiones migratorias se incrementan también en otros países de América Latina, como en Brasil, donde se han producido violentos disturbios entre migrantes y población local. Según ambos organismos, de los 2,3 millones de venezolanos que viven en el extranjero, más de 1,6 millones emigraron desde 2015, cuando el país se sumió en una crisis económica. El 90% de ellos se han refugiado en países de la región.
Según la ONU, los más vulnerables, como los adolescentes, las mujeres, las personas que buscan a sus familiares y los niños no acompañados, “no tienen capacidad para satisfacer las exigencias en materia de documentación, y por tanto están expuestos a un riesgo mayor de explotación, de trata y de violencia”.
“Reconocemos los crecientes desafíos ante la llegada a gran escala de venezolanos”, admitió Grandi, y subrayó “que es esencial que cualquier nueva medida siga permitiendo a quienes necesitan una protección internacional, que estén en seguridad y puedan efectuar su demanda de asilo”.
Ecuador, país de paso para numerosas personas que intentan llegar a Perú, Chile o Argentina, invitó a los ministros de Exteriores de 13 Estados de la región -entre ellos, Venezuela- a una reunión los 17 y 18 de septiembre para debatir sobre este importante flujo de personas.

Expulsión.
El gobierno chileno concretó ayer una nueva expulsión masiva de extranjeros con antecedentes penales o condenas, con el traslado hasta la frontera de 69 bolivianos y ocho peruanos. La medida se suma a la expulsión hace una semana de 51 colombianos que tenían antecedentes penales.
Al igual que la semana anterior, el operativo se realizó de madrugada y fue transmitido por los principales canales de la televisión local. Pero a diferencia de lo que ocurrió con el grupo de colombianos -llevados a su país en un avión de la Fuerza Aérea de Chile-, por tratarse de países fronterizos los peruanos y bolivianos fueron llevados hasta su país por vía terrestre.
El plan de expulsiones forma parte de la nueva política migratoria con la que el gobierno del conservador Sebastián Piñera intenta “ordenar la casa” tras la llegaba masiva de migrantes durante los últimos cuatro años, los que pasaron de 400.000 a constituir hoy una comunidad de cerca de 1,1 millón de personas.
A fines de junio, el gobierno chileno anunció que expulsaría durante este año a cerca de 2.000 extranjeros que no hayan regularizado su situación migratoria y tengan antecedentes penales o estén cumpliendo penas carcelarias. Hasta ahora se ha concretado la expulsión de 1.187 personas, según detalló el subsecretario Ubilla.

Se agrava la crisis humanitaria en Europa
España devolvió ayer a 116 migrantes a Marruecos que llegaron de forma clandestina a territorio español el miércoles en el enclave de Ceuta, una expulsión colectiva criticada por organizaciones no gubernamentales.
“Los 116 inmigrantes subsaharianos que ayer entraron en España de forma ilegal a través de la frontera de Ceuta han sido readmitidos por Marruecos”, anunció la delegación del gobierno en Ceuta. Esta expulsión se produce a través de “la reactivación” de un acuerdo bilateral entre el gobierno español y el marroquí firmado en 1992.
Una portavoz del ministerio de Interior español defendió “la legalidad” de esta “expulsión” y aseguró que “en este caso, se han cumplido todos los requisitos de la ley de extranjería española”.
“Una vez que Marruecos mostró su disposición de aceptar a estas personas, el proceso fue que la policía nacional fue a buscarlos al Centro de internamiento de extranjeros, se les trasladó a una comisaría, se les registró con su nombre, su nacionalidad, su huella digital, todos tuvieron un abogado, un intérprete, atención sanitaria”, explicaron desde Interior.
“A todos se les ofreció la posibilidad de pedir el asilo y no lo hicieron”, afirmó la portavoz, quien recordó que “los dos menores se quedaron en España”.

Violación.
En Twitter, la ONG‚ Caminando Fronteras calificó la operación de “tremenda violación de derechos humanos”. Una de las militantes m s conocidas de esta organización, la periodista Helena Maleno, condenó “una expulsión colectiva” y denunció a través de un tuit que: “La ONU las prohíbe, el Gobierno español las aplica”. Cuando formaban parte de la oposición, los socialistas españoles se oponían a este tipo de operaciones, calificadas de “devoluciones en caliente” de migrantes.
La portavoz del ministerio de Interior se defendió que esta vez era distinto. “El gobierno no tiene ningún interés en efectuar devoluciones masivas e ilegales sería una locura”. Desde principios de año, unos 3.100 migrantes llegaron a territorio español cruzando la frontera por los enclaves. (AFP)