Piden destituir a Dilma

El instructor del juicio político en la comisión del Senado contra la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recomendó ayer votar a favor de la destitución de la mandataria por supuesto "atentado a la Constitución", a raíz de haber practicado maniobras presupuestarias en las cuentas públicas de 2015.
El senador Antonio Anastasia, relator de la comisión de juicio político del Senado y aliado clave del presidente interino, Michel Temer, presentó un informe de 440 páginas en las cuales realizó un esperado voto condenatorio de la mandataria por las llamadas "pedaleadas" o "bicicleteadas fiscales".
Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y brazo derecho del derrotado candidato presidencial en 2014 Aécio Neves, dijo que Rousseff abrió créditos suplementarios en el presupuesto con autorización del Congreso y se sirvió de créditos de los bancos públicos para ejecutar políticas presupuestarias.
La defensa de Rousseff, suspendida en el cargo desde el 12 de mayo, niega que estas maniobras fiscales configuren delito de responsabilidad como para ser llevada a juicio político, instrumento al cual calificó de "golpe parlamentario" llevado a cabo por el vicepresidente Temer, titular del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).
En su informe, Anastasia rechazó peritajes del propio Senado que afirman que la mandataria no tuvo responsabilidad en estructurar el sistema de pagos de partidas presupuestarias intra-ministeriales en cuestión.
"El Poder Ejecutivo no puede unilateralmente estipular la meta fiscal que le conviene", dijo Anastasia, ex gobernador del estado de Minas Gerais.
Un fiscal federal de Brasilia archivó la causa penal sobre al asunto por considerar que no existe delito de "pedaleadas fiscales" contra la mandataria, lo cual animó al Partido de los Trabajadores y a la defensa de Rousseff.
Sin embargo, el PT y sus aliados de izquierda fracasaron en intentar sumar al expediente la resolución del fiscal Ivan Marx, que dice que estos movimientos contables -que se repiten históricamente en todos los gobiernos nacionales y provinciales brasileños- no configuran delito. (Télam)