Piden que CIDH frene juicio

El Partido de los Trabajadores (PT) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) una decisión urgente para frenar el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien ayer a la madrugada sufrió una dura derrota en el Senado tras darle curso al trámite por 59 votos contra 21 y la puso en el umbral de la destitución.
Debilitado en el Senado y con escasas chances de revertir el resultado en la votación sobre el destino de Rousseff a fin de mes, diputados del PT intentan jugar la carta internacional al denunciar un "golpe de Estado" contra la mandataria suspendida desde el 12 de mayo, bajo el argumento de que el Superior Tribunal Federal de Brasil no acogió todo el derecho de defensa de ella.
"Estamos viviendo un golpe de Estado con la participación de la Cámara de Diputados, el Senado y la omisión del Poder Judicial y es por eso que buscamos auxilio institucional en la Comisión Internamericana", dijo Waldir Damous, diputado del PT y reconocido jurista, al lado de sus pares Paulo Pimenta y Paulo Teixeira.
El pedido tuvo la colaboración del jurista argentino Damián Loreti, según dijo a un portavoz parlamentario.
De acuerdo con la presentación hecha al organismo humanitario de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada por los diputados del PT en la cual aparece como víctima Rousseff, el Supremo Tribunal Federal "se ha apartado de sus mandatos" para acoger los recursos de la mandataria sobre los vicios del proceso.

Argumentos.
Uno de los argumentos es que no se respetaron las garantías de defensa ni fueron tomados en cuenta para la acusación la opinión de especialistas y autoridades que no vieron delitos de Rousseff en la ley fiscal, por la readecuación presupuestaria realizada en 2015.
"Dilma no cometió delitos, no es investigada en ningún tribunal del país. El juicio político ocurrió por una venganza, en un claro caso de obstrucción de la justicia", dijo el diputado Teixeira, durante una conferencia de prensa en la cámara baja.
La denuncia incluye el denominado "desvío de finalidad" como argumento: es que en diciembre, Eduardo Cunha, entonces jefe de Diputados, abrió la denuncia contra Rousseff, a pedido del partido socialdemócrata, hoy socio de Temer, porque el gobierno se negó a protegerlo de las investigaciones por corrupción en la red de constructoras y empresas estatales como Petrobras.
"Le pedimos a la comisión interamericana que restituya inmediatamente la normalidad democrática en el desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil", dice la presentación.

Acusación.
Rousseff está acusada de maniobras de "pedaleo fiscal", consideradas habituales en todas las gestiones, a través de la morosidad para cumplir con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos.
Janaína Paschoal, abogada contratada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del canciller interino José Serra, aliado de Temer, para escribir la acusación, opinó que el PT "está exponiendo al país de manera irresponsable ante el mundo con sus denuncias".
"No hubo ningún atentado a los derechos fundamentales de la presidenta, no hubo ningún atentado a la democracia", sostuvo.

Estrategia.
En tanto, las versiones sobre las estrategias hacia el día del veredicto, probablemente el 29 de agosto, después de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, están saliendo a pedir de Temer.
El presidente interino, vice de Rousseff que se rebeló y formó gobierno con la antigua oposición derechista, logró un importante triunfo político con esta votación luego de haber sido acusado, según la revista Veja, por el condenado empresario Marcelo Odebrecht de haberlo recibido en su despacho para acordar una donación ilegal de 3,1 millones de dólares para su partido, el PMDB.
"La votación ocurrió dentro de lo calculado", dijo Temer a sus colaboradores al ver a la madrugada el resultado. (Télam)