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Piden que sea declarado inconstitucional

IMPUGNAN EL DECRETO QUE AVALA LA REPRESION MILITAR EN BOLIVIA

La defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa, presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto 4078 firmado por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, que exime a las fuerzas armadas de responsabilidad penal para reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado. «Hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así», advirtió la defensora del pueblo y exigió no «olvidar las muertes» ocurridas en Cochabamaba el viernes pasado. Por el momento, la Justicia boliviana solo ordenó la detención de 9 cocaleros y un dirigente del MAS.
El decreto -que consiguió la rápida condenada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- fue firmado por Áñez en la mañana del sábado, tras la masacre producida por la represión contra los sindicatos cocaleros en la localidad de Sacaba , a pocos kilómetros del centro de Cochabamba. La defensora del Pueblo confirmó que hubo 9 muertos y 122 heridos tras la represión, «el número más alto» de víctimas desde que la violencia comenzó a escalar en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre.
Tarifa, en diálogo con FM La Patriada, precisó que desde las elecciones se produjeron 23 muertes, pero 14 de ellas ocurrieron, por impactos de bala, a manos de policías y militares desde el golpe de Estado, mientras que el resto ocurrieron por enfrentamientos entre civiles.
La defensora desmintió «absolutamente» la versión oficial repetida por medios bolivianos y algunos argentinos sobre que las muertes de Sacaba fueron provocadas por armas de fuego en manos de los cocaleros. «No existe un solo policía ni un solo militar que haya perdido la vida», resaltó la defensora y agregó que en los hospitales tampoco había registrados heridos de gravedad entre los agentes de las fuerzas.
Los medios bolivianos consignaron el lunes que el fiscal de Sacaba ordenó encarcelar a nueve cocaleros que participaron de la movilización y le otorgó prisión domiciliaria a un vocero del MAS, a quien además le prohibió mantener contacto con organización sociales y políticas. A todos se los acusa de «atentados contra la seguridad del Estado y alzamiento armado».
«El Ministerio Público debe determinar las responsabilidades, esperemos que esa investigación sea oportuna para esclarecer lo sucedió. En Bolivia no tendría que haber impunidad y dejar estas muertes en el olvido», exigió la defensora del Pueblo.
Ante la carta blanca que significa para militares y policías el decreto 4078 del gobierno autoproclamado, Tarifa adelantó que la Defensoría estaba presentado un pedido de inconstitucionalidad y le recordó a los integrantes de las fuerzas que a la larga el decreto no les daría ningún margen de protección.
«El decreto no considera las garantías mínimas establecidas en nuestro marco constitucional y en el sistema internacional de derechos humanos. Estos delitos deben considerarse como ordinarios y van a ir al sistema de justicia penal. Vamos a insistir como Defensoría para que haya un procesamiento y sanción», aseguró Tarifa.

Retiran tropas.
Por otra parte, la actividad en el paso internacional que une a la localidad argentina de Profesor Salvador Mazza con la boliviana San José de Pocitos volvió a su normalidad ayer luego de la retirada de los miembros del Ejército de Bolivia que se apostaron a metros del límite internacional sobre el puente que une ambos centros urbanos, sobre el río Caraparí.
El periodista argentino Raúl Costes informó a Salta/12 que no hubo ninguna información oficial sobre la presencia de los militares bolivianos en la zona de frontera con Argentina.
El Ejército había apostado soldados de guardia en la puerta de la oficina de Migraciones del lado boliviano en la avenida a metros del límite internacional y en la sede local de la Policía de Bolivia, donde instaló un centro de operaciones.
Una fuente de esa Policía informó que el operativo era parte de tareas de vigilancia en la extensa frontera seca que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia con Argentina. Hubo, indicó la fuente, tareas de vigilancia en la zona de la quebrada internacional, particularmente en el paraje El Sauzal, que fue recorrido por dos móviles del Ejército.
Ayer a la mañana, aparentemente cumplido su desconocido objetivo, el Ejército se retiró de la zona limítrofe, con lo que se volvió a la normalidad. «Está todo tranquilo, normal», sostuvo Costes. (Pagina12.com)

«Deberían dejarme terminar»
El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó ayer, por primera vez, que está dispuesto a retirar su candidatura a la jefatura del Estado y reclamó que le permitan continuar el mandato que se interrumpió con su renuncia hace ocho días.
«No sé por qué están asustados con Evo, no quieren que participe; está bien, todo por la vida, por la democracia; retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato, ¿se entiende?», dijo Morales en la Ciudad de México, en una entrevista con la televisora catarí Al Jazeera.
Apenas 24 horas antes, en una entrevista con la BBC británica, el ex mandatario había dicho: «Tengo todo el derecho de participar en las elecciones, pero dicen no Evo, no Evo; ¿por qué tienen miedo a Evo?», según reprodujo el diario paceño Página Siete.
Morales está asilado en la Ciudad de México desde el martes pasado, dos días después de que renunciara a la Presidencia ante la falta de apoyo de numerosas organizaciones afines y de las Fuerzas Armadas.
La crisis se originó en las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales se postuló para un cuarto mandato consecutivo gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, pese a que la Constitución lo prohíbe y la mayoría de los bolivianos rechazó esa posibilidad en un referendo.
La autoridad electoral proclamó el triunfo de Morales en primera vuelta, pero la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) comprobó irregularidades en el escrutinio, por lo que Morales propuso repetir los comicios y luego dimitió. Morales tenía mandato hasta el 22 de enero próximo.

Elecciones.
El gobierno interino de Bolivia anunció ayer que analiza la posibilidad de convocar a elecciones por decreto en caso de que no se llegue a un acuerdo en el Parlamento con el Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política del ex presidente Evo Morales.
«Si vemos que hay dificultades para poder convocar a las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta Jeanine Áñez es que de manera inmediata convoquemos a elecciones a través de algún otro instrumento legal», dijo el jefe de esa cartera, Jerjes Justiniano, citado por la estatal Agencia Boliviana de Información
(ABI).
El gobierno de la autoproclamada presidenta Áñez busca un acuerdo parlamentario para modificar el sistema legal y poder llamar a nuevas elecciones en 90 días.
Morales accedió a convocar a nuevas elecciones después de que una misión de observadores de la OEA denunciara las irregularidades electorales, pero ante el planteo militar renunció y marchó al exilio a México, contexto en el que Áñez asumió la presidencia en forma interina.
(Télam)