Prisión para ocho independentistas

El gobernador Puigdemont y otros cuatro ministros también pordían caer presos. La medida fue repudiada por gran parte del arco político y hasta por el FC Barcelona.
La justicia española dictó ayer la prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña, imputados de sedición y rebelión por su papel en la tentativa independentista, desatando manifestaciones de apoyo en la región española.
La misma juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, debe pronunciarse sobre la petición de la fiscalía de dictar una orden de captura contra el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus ministros, que estarían en Bélgica y desatendieron el llamado de la justicia.
Lamela sí actuó contra ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, que acudieron este jueves al alto tribunal en Madrid, enviándolos a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron "un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado".
Otorgó libertad provisional bajo fianza para un noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.
En un corto mensaje emitido por la televisión pública catalana, Puigdemont exigió la liberación de los consejeros y del vicepresidente Junqueras y "el fin de la represión política".

"Grave error"
Al grito de "no es justicia, es dictadura" y "vergüenza para Europa", 20.000 personas -según la guardia urbana- se congregaron frente al palamento en Barcelona, convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las asociaciones implicadas según la justicia en la apuesta independentista.
"Es un grave error del Estado español, tensando la justicia de manera partidista. Esto no hará más que encender las calles", estimó Ramón Jornet, un publicista de 50 años, en referencia a las encarcelaciones de Junqueras y los otros siete miembros del gobierno.
Para justificar la prisión a espera de juicio, la juez alegó que existe riesgo de fuga -recordando el viaje a Bélgica de Puigdemont y parte de su gobierno- así como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

Posible extradición.
Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.
Los encarcelamientos provocaron reacciones de todos los sectores políticos españoles, desde el partido del jefe de gobierno conservador, que dijo respetar la decisión, hasta el de izquierda radical Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias dijo avergonzarse de "que en mi país se encarcele a opositores".
"Es un gravísimo error político que nos aleja de la solución" de la crisis, señaló la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau.
Hasta el FC Barcelona sentó posición en un comunicado: el equipo "lamenta los encarcelamientos (...) y expresa su solidaridad con los afectados y sus familias".