Puigdemont acorralado por la Justicia española

Citado a declarar por delitos penados con décadas de prisión, el destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, llevó ayer su plan independentista desde España al corazón de Europa, buscando presentar su movimiento secesionista como una causa justa que merece apoyo internacional ante la oposición de Madrid.
Mientras el líder independentista hablaba en Bruselas, una jueza española citó a Puigdemont y a todos los miembros de su gabinete a declarar esta semana como sospechosos de rebelión y sedición por su frustrado plan para independizar a Cataluña de España.
Comparezcan o no lo citados a declarar, la jueza podría emitir órdenes de captura internacional contra ellos tan pronto como el próximo viernes, dijeron fuentes judiciales.
Las medidas estrechan el cerco en torno a Puigdemont y las autoridades secesionistas catalanas luego de que el Parlamento catalán declarara la independencia de la región el viernes pasado tras varias idas y vueltas y del triunfo del "Sí" en un referéndum secesionista celebrado a principios de este mes y declarado ilegal.
El gobierno central español respondió a la declaración de independencia decretando una intervención de Cataluña que incluyó el cese de Puigdemont y de los integrantes de su gabinete y la convocatoria a elecciones regionales para el 21 de diciembre.

Sin asilo.
Puigdemont viajó el lunes de incógnito a Bélgica, desde donde rechazó la intervención de Cataluña pero dijo que respetará los resultados de las elecciones, de las que participará su partido.
En una esperada aparición en Bruselas ante la prensa internacional, Puigdemont dijo que no pretende pedir asilo en Bélgica para eludir a la Justicia española, pero agregó que tampoco volverá a España hasta "tener garantías".
"Podemos asegurar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones desde aquí", dijo el líder en una multitudinaria conferencia de prensa en el club de periodistas de Bruselas, donde quiso dejar claro que "nadie abandonó" su cargo, a pesar de que él y su gobierno fueron destituidos por el Ejecutivo español.
Apenas llegó Puigdemont a Bélgica, se dispararon los rumores de que iba a solicitar asilo político, una opción que su abogado admitió que estudiaba, luego de que fiscales presentaran una querella en su contra por delitos de rebelión, sedición y malversación.
A pesar de que el dirigente catalán no dio ese paso, su permanencia en Bruselas obligará eventualmente a la Justicia española a pedir su extradición. (Télam)