Rousseff anunció paquete de medidas anticorrupción

LA PRESIDENTA DE BRASIL ENVIO PROYECTO AL CONGRESO

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer un paquete de medidas que será enviado al Congreso con el objeto de reforzar el combate a la corrupción, y dijo que tiene el orgullo de ser la presidenta que dará “los primeros pasos de una transformación cultural” en ese sentido, tras las protestas del domingo en las que casi dos millones de personas se manifestaron contra la impunidad.
“Tenemos que crear una nueva moral pública republicana, democrática, e igualitaria en los derechos civiles. Sé que es un trabajo de más de una generación, pero estamos orgullosos de haber comenzado. Quiero, por lo menos, tener el orgullo de ser la presidenta que dio los primeros pasos para la transformación cultural que construya ese proceso”, señaló la mandataria en un acto en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, frente a todo su gabinete y miembros de los tres poderes de la Nación.
El paquete anunciado “representa otro paso decisivo para ampliar la capacidad del Estado de prevenir y combatir a la corrupción y la impunidad”, agregó Rousseff, luego de haber declarado el lunes que es necesario escuchar “la voz de las calles” y sus reclamos.
Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos políticos para sus campañas, una práctica que hasta ahora solo es considerada una infracción de tipo electoral y castigada con sanciones administrativas.
“Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias”, declaró.

Medidas.
Otras medidas proponen agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.
También se propone extender a todos los empleados públicos una ley que hasta ahora rige solo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún antecedente o proceso contra el patrimonio público o de tipo penal.
Asimismo, propone revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso.
La última medida anunciada en el paquete reglamenta una ley contra la corrupción referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público.

Empresas
Las normas pueden afectar directamente a 18 empresas privadas contra las que la Contraloría General ha iniciado procesos administrativos por su supuesta participación en la red de corrupción descubierta en la estatal Petrobras.
Por ese escándalo, que conmocionó la arena política de Brasil, también están bajo investigación 50 políticos, en su mayoría de la base de apoyo a Rousseff.
Rousseff dijo que el Estado tiene la “obligación de investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva”, incluso para “garantizar la protección de los inocentes”. (Télam)