Tensión por el revocatorio

VENEZUELA: JUSTICIA ANALIZARA EL PRESUPUESTO

La tensión política en Venezuela volvió a escalar ayer, con el envío del presupuesto para 2017 por parte del Ejecutivo a la Justicia afín, en busca de aprobación, y no al parlamento con mayoría opositora, como manda la Constitución, y con la oposición otra vez en las calles en reclamo de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Henry Ramos Allup, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prepara una sentencia para destituirlo y apresarlo, un día después de que el gobierno acusara de terrorismo a un dirigente y un asesor de campañas de la oposición.
Tal como había anunciado días atrás, Maduro resolvió no enviar el proyecto de presupuesto a la Asamblea sino al TSJ, al que el oficialismo controla y que semanas atrás, en un fallo, declaró “en desacato” al parlamento y nulos a todos sus actos. Y el máximo tribunal decidió admitir la iniciativa.
En un comunicado, el TSJ justificó su resolución en “la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional”, el deber “de honrar los postulados de separación y equilibrio” de poderes y “el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.
El cuerpo explicó además que fundamentó su decisión en “el desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución”.
Venezuela vive un conflicto de poderes desde el 5 de enero pasado, cuando asumieron los diputados electos un mes antes y la Asamblea se convirtió en el único de los cinco poderes de la república en manos opositoras (los otros cuatro son el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral y el Ciudadano).
Desde entonces, el chavismo neutralizó la actuación de la Asamblea a través del TSJ, que declaró inconstitucionales decenas de leyes y resoluciones sancionadas por el parlamento.

Protesta.
Paralelamente, miles de ciudadanos, convocados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora, marcharon ayer hacia decenas de centros de votación en todo el país para impulsar la participación ciudadana en la recolección de firmas que tendrá lugar el 26, el 27 y el 28 de este mes.
El ex candidato presidencial Henrique Capriles volvió a mencionar una versión según la cual el TSJ prepara un fallo para impedir la realización del referendo y reiteró que “suspender el revocatorio es un golpe constitucional aquí y en China”.
“Debemos estar en alerta máxima; si ellos quieren robarnos nuestro derecho a un cambio, vendrá la toma de Venezuela para defender nuestro derecho de salir de esta crisis por la vía electoral; que no quepa duda de que defenderemos la Constitución con el pueblo en la calle”, advirtió. (Télam)

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