Alberto impulsará un juicio contra Macri por la deuda

El presidente Alberto Fernández anunció el lunes, al inaugurar el 139° período de sesiones ordinarias del Congreso, que dio instrucciones para iniciar querella criminal a fin de determinar «los autores y partícipes» del endeudamiento externo, pidió al Congreso que «asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial», al que propuso reformar con una serie de iniciativas, y anunció que impulsará una ley para «desdolarizar» las tarifas de los servicios públicos regulados.
«Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua», advirtió el jefe de Estado en el inicio de su discurso, que se extendió por el término de 1 hora y 50 minutos, en una frase que apuntaba a describir el punto de partida del gobierno en un año particularmente difícil, por la pandemia y la situación económica con la que arrancó.
«A pesar de este panorama, y gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales», remarcó Fernández, quien priorizó como uno de los ejes iniciales de su discurso la necesidad de frenar el proceso cíclico de endeudamiento.
«Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país es necesario que endeudarse no sea gratis», subrayó.
«Que los responsables (de endeudar al país) rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo», agregó.
Sobre este punto, el Presidente informó a la Asamblea Legislativa que había instruido «para que las autoridades pertinentes formalmente inicien querella criminal» contra los «autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
«Ahora sabemos, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (por Mauricio Claver-Carone, hoy titular del BID) que la administración Trump impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección», recordó el mandatario.
Horas después, desde el Banco Central informaban que habían remitido a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción la documentación sobre la deuda tomada con el Fondo.
En su discurso, Alberto Fernández dijo que «endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos».
«Los U$S 44.000 millones de dólares recibidos por Argentina se esfumaron antes que asumamos nuestras funciones en diciembre de 2019», recalcó luego.
«A una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces», resumió el jefe del Estado.

Cruces.
Pero en la sesión también se vivió alguna situación tensa, que llevó al jefe de Estado a frenar la lectura del discurso, a mirar hacia las bancas y a decirle a un legislador de la oposición: «Tuvo cuatro años para hablar, ahora déjeme hablar a mí».
Buena parte de la concurrencia creyó que el cortocircuito lo había motorizado el diputado Fernando Iglesias (PRO-CABA) con una interrupción al jefe de Estado.
Sin embargo, en horas de la noche, el propio Fernández confió en diálogo con Página/12 que el cruce había sido con el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba), titular del interbloque de Juntos por el Cambio.
«Se la pasó gritando ‘mentira’ cada vez que decía algo. Hasta que le dije lo de los cuatro años», contó el Presidente sobre Negri en declaraciones a aquel diario.
«No somos infalibles», afirmó y en ese mismo párrafo agradeció «de corazón» a quienes, de buena fe, marcan errores, equivocaciones o fallas de su administración.

Vacunación.
En ese tramo de su mensaje aludió al episodio de irregularidades en la campaña de vacunación, un hecho de derivó en la salida del ex ministro de Salud, Ginés González García: «Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad del Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato», reafirmó en una frase que despertó aplausos en las galerías ocupadas por funcionarios.
«Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían», agregó.
«Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad», insistió.

Presentes.
El discurso presidencial tuvo una audiencia mixta, presencial y remota, con una cantidad limitada de legisladores en el recinto a raíz de los protocolos por la pandemia de coronavirus: en el estrado lo escoltaban la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el presidente de Diputados, Sergio Massa.
Al mismo tiempo, en los alrededores del Congreso se veían carteles en apoyo al Presidente y a la gestión del Frente de Todos, aunque no se realizó una concentración multitudinaria -a la que inicialmente habían convocado movimientos sociales y agrupaciones políticas- a pedido del propio Jefe de Estado. (Télam)

«El Poder Judicial está en crisis»
El presidente Alberto Fernández aseguró el lunes que el Judicial es el «único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia» y está «en crisis», a la vez que anunció que propondrá a los gobernadores de las provincias la creación de un Tribunal Federal de Garantías que aborde «exclusivamente cuestiones de arbitrariedad» para evitar manejos discrecionales por parte de la Corte Suprema.
Así lo definió y anunció el jefe de Estado al dar su mensaje durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, en el que cuestionó los «privilegios» del Poder Judicial, que los ministros de la Corte sigan en el cargo a pesar del tope de edad que fija la Constitución y que un fiscal procesado por delitos graves siga en funciones, en aparente alusión a Carlos Stornelli.
«En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara», cuestionó.
«También observamos como sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales: todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara».
En cuanto a los miembros de la Corte, el presidente les dedicó dos críticas puntuales. Por un lado, les reprochó que el acceso «a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible» y, por el otro, cuestionó que, por cuestiones de corporativismo, muchas veces logran permanecer en sus en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone, de 75 años.
Siempre sin hacer nombres propios, el jefe de Estado también se refirió a las visitas que realizó a la Casa Rosada el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, cuando Mauricio Macri era presidente, y sobre esos encuentros, que constan en el registro de visitas de la Casa de Gobierno, lamentó que «sólo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones», mientras que «el resto lo amparó bajo el manto del silencio».
Al referirse a los cambios que impulsará para el funcionamiento de la Justicia, el principal fue «la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad», mientras que también anunció que promoverá cambios en el Consejo de la Magistratura, con el objeto de «optimizar el proceso de selección y capacitación» y «despolitizar ese ámbito».
En ese tramo de su discurso, el Presidente agradeció al comité de expertos al que le había pedido opinión sobre el funcionamiento del Poder Judicial y contó que de esa labor surgirán varios proyectos de ley con reformas para la acción de jueces.

Tarifas.
El Presidente también anunció que enviará al Congreso un Proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados, que permita avanzar en la tarea de «desdolarizar» las tarifas y «adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos».
«Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva», remarcó hoy Fernández en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Parlamento, en la que prometió ponerle fin «al martirio» de tener que elegir «entre comer o pagar la luz y el gas».
Tras asegurar que «la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin», el Presidente destacó la importancia de «marcar un sendero en el precio de las tarifas para el próximo año».
Mientras se resuelven los nuevos cuadros tarifarios del gas y la electricidad que «va a demandar meses» hasta alcanzar un «revisión integral»; el Poder Ejecutivo enviará al Congreso nacional «un Proyecto de Ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos».
El mandatario enfatizó que el Gobierno quiere «que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas».
De esa manera, confió en que las medidas a implementar lograrán «que los servicios no se vuelvan un problema para argentinos y argentinas, y que se preserve la sustentabilidad macroeconómica delineada en el Presupuesto nacional» 2021 aprobado por el Congreso. (Télam)