Anularon los sorteos en causas contra Cristina

Camino a un megajuicio, los tres expedientes, (lavado de dinero contra Lázaro Báez, fraude en la distribución de obra pública y encubrimiento del atentado contra la AMIA), habían recaído en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 9, aunque el máximo tribunal advirtió ahora que este nuevo cuerpo aún no sido habilitado, lo que le corresponde a la propia Corte.
El TOC9 está compuesto por Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, jueces del fuero ordinario que fueron convertidos en federales por impulso del Gobierno de Mauricio Macri a fines de 2016. En su fallo, la Corte remarcó que estos miembros "revisten la calidad de magistrados al haber sido designados como jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Ordinario N° 10", aunque "ninguno de ellos fue propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en base a una terna vinculante del Consejo de la Magistratura, ni obtuvo el acuerdo del Senado de la Nación, ni fue nombrado por el Presidente de la Nación para ocupar el cargo de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°9".

Avance "indebido".
"No quedan exceptuadas del mencionado procedimiento constitucional las designaciones que -como en el caso- resultan consecuencia del traslado de jueces que ya revisten tal calidad en otro tribunal con ámbito de competencia notoriamente diversa", remarcó la Corte. Advirtió entonces que "el comportamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, al incluir al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 en los sorteos propios de la justicia federal, implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia" de la Corte Suprema.
Por estas razones, advirtió que Mora, Nocetti Achaval y Becerra "carecen de la investidura de jueces del Tribunal Oral Criminal Federal N° 9", por lo que no hizo lugar al pedido de habilitación solicitado.
Al respecto, y por unanimidad, los jueces presididos por Ricardo Lorenzetti exhortaron "enfáticamente" a la Cámara Federal de Casación Penal a que, "en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema".

Nuevo sorteo.
"Por todo esto, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que corresponde dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieren sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal y ordenar que se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de dichas causas", dispuso el máximo tribunal.
Fue la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la que había considerado semanas atrás que todos los expedientes en los que estaba involucrada la ex mandataria tenían una conexión y que debían acumularse "para evitar demoras o entorpecimiento en el avance y progresión de los distintos procesos".
A partir de ello, el TOC9, a cargo de la causa denominada "ruta del dinero K", pidió que se agruparan las denuncias para luego realizar un megajuicio: estaba previsto incluso que, se sumaran allí más expedientes en los que se encuentra procesado Lázaro Báez.
En este caso, la conexidad estaba vinculada con la posibilidad de que el dinero que habría lavado Báez proviniera de la sobrefacturación en los contratos de obra pública adjudicados en Santa Cruz de manera irregular durante el gobierno kirchnerista por 46.000 millones de pesos. (NA)