Aprueban regulación de las demandas contra el Estado

La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que limita la responsabilidad civil del Estado y lo desliga de los daños que puedan producirse a través de las prestadoras de servicios públicos.
La votación resultó favorable a la propuesta del Gobierno, con 129 respaldos, 105 rechazos y dos abstenciones.
Tras el desenlace de la cuestión, la Cámara tenía previsto continuar con la sesión especial en la madrugada, para abordar el proyecto que sube los impuestos a los vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, además de otras propuestas sin disidencias.
El Frente para la Victoria consiguió la aprobación pese al rechazo de la oposición, que durante el debate criticó que la cuestión no se zanjara dentro del nuevo Código Civil y coincidió en que el Gobierno busca una “autoamnistía” para sus funcionarios.
Los bloques opositores también cuestionaron que la Nación “invite a adherir” al proyecto a las provincia, al considerar que podría haber reglamentos diferentes para casos similares dentro del país.

Debate.
Tras ocho horas de discusión, a cargo del cierre del debate del Frente para la Victoria estuvo el vicepresidente del bloque, Pablo Kosiner, quien señaló que la iniciativa del Gobierno “tiene base constitucional, que es más importante que discutir si está dentro del Código Civil o no”.
“La Constitución nos habilita a lo que estamos haciendo”, remarcó el salteño.
En tanto, defendió la potestad de los legisladores de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para dictar sus propias leyes: “No le vamos a sacar la libertad de opinar”.
En contraparte, el titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, en su último discurso al frente del espacio, sostuvo que “probablemente esta ley sea declarada inconstitucional, porque va a obligar a los ciudadanos a tener que recurrir al peregrinaje de la justicia”.
“¿Qué va a pasar si una provincia establece que tiene una reparación integral y otra solo daño directo inmediato?”, se preguntó Gil Lavedra, al señalar que cada distrito “va a ser libre de legislar y los ciudadanos van a tener soluciones distintas según el lugar donde vivan”.
En el inicio del debate, la diputada oficialista Diana Conti, encargada de defender el texto, consideró que esta iniciativa está “protegiendo al Estado de la ambición depredadora de la industria del juicio”. (NA)