Argentina podría embargar a buitres

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, encabezó ayer por la tarde una reunión en la que el gobierno nacional garantizó la continuidad laboral a los trabajadores de la imprenta Donnelley, a pesar de que la misma se declarara en quiebra, según indicaron fuentes oficiales.
Capitanich encabezó el encuentro con los representantes sindicales de los trabajadores de la firma de capitales estadounidenses del que participaron también los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi; y de Seguridad, Cecilia Rodríguez; y los funcionarios bonaerenses Alberto Pérez (jefe de Gabinete) y Oscar Cuartango (Trabajo).
La empresa Donnelley presentó su quiebra el 8 de agosto y le fue concedida 3 días más tarde, algo que fue leído por el gobierno nacional como una maniobra desestabilizadora dado que esa firma no tenía una deuda significativa.

Pedido de revocatoria.
En ese contexto, el Gobierno -a través de la AFIP- presentó un pedido de revocatoria de quiebra ante la justicia comercial fundado en que la empresa no tiene una deuda significativa, sus activos son superiores al pasivo y no registra oscilaciones en su producción durante los últimos años.
El objetivo del Gobierno es que la justicia cite a Donnelley para que reformule su petición y busque una solución alternativa para mantener los más de 400 puestos de trabajo y asegurar la continuidad de la empresa.
Por otra parte, la AFIP también fue la encargada de presentar la denuncia penal contra la empresa de capitales norteamericanos Donnelley Argentina SA por el delito de Alteración del Orden Económico y Financiero previsto en el Artículo 309, Inciso 1, apartado A del Código Penal.

Dictamen.
Esa denuncia, que fue anunciada el jueves por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recayó en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas, quien deberá dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.
El magistrado está de licencia hasta la próxima semana y es subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría.
El juzgado deberá ahora dar vista a la Fiscalía, a cargo de Patricio Evers, para que elabore un dictamen que dé impulso a la investigación si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado.

Fondo NML.
La presidenta anunció el jueves que reclamaría a la Justicia la aplicación de la ley antiterrorista sobre la imprenta multinacional por considerar que intentó alterar el orden económico y financiero al declarar su quiebra.
Allí, vinculó a la empresa Donnelley con NML, el fondo buitre liderado por Paul Singer, al que responsabilizó de articular que la empresa haya presentado la quiebra el viernes en forma sorpresiva y sin motivo ya que su patrimonio neto es positivo.

Condena.
El artículo que pudo haber sido quebrantado dispone que será condenado a prisión de uno a cuatro años quien “realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio”.

Tomada.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, calificó ayer como “extemporáneo y planificado” el pedido de quiebra y cierre “prácticamente simultáneo” de la imprenta Donnelley ya que consideró que no existen “razones económicas ni productivas” que justifiquen la medida.
En diálogo con la prensa al recorrer una fábrica de alimentos en la localidad bonaerense de Garín, el ministro insistió en que se intentará “preservar las fuentes de trabajo” y la productividad de la empresa ante lo que calificó de “maniobra artera”.
En ese sentido, Tomada insistió en que detrás del cierre de la empresa se encuentra la acción de un fondo buitre, y dijo que hay “pruebas suficientes” para demostrarlo ante la justicia. (Télam)

“Embargaremos activos”
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, afirmó ayer que si el juez acepta la figura de terrorismo en la denuncia contra la gráfica Donnelley, pedirá el congelamiento de los activos de sus accionistas en la Argentina y en el resto de los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Si el juez acepta la figura de terrorismo, a nosotros nos habilita como UIF a pedir el congelamiento de los fondos que sus accionistas tienen en el país, y extenderemos el pedido de embargo de activos al resto de los países del GAFI”, indicó Sbattella a Télam.
El funcionario explicó que “cuando en una causa aparece la figura de terrorismo, la UIF tiene que actuar”, porque precisó que es el organismo encargado de “accionar contra el financiamiento” de estos delitos.
Remarcó que “la ley permite que se congelen los fondos de los terroristas”, y añadió que “esto también posibilita que los implicados pasen a formar parte de un listado internacional”.
Sbattella subrayó que “un grupo de empresas que integran los fondos buitre en el país, intenta aterrorizar a la población, tratando de poner en jaque al gobierno nacional”. (Télam)

Argentina cancela deuda
El gobierno nacional dispuso ayer cancelar con reservas de libre disponibilidad los servicios de deuda con organismos financieros internacionales y compromisos bilaterales externos por 3.043 millones de dólares.
A fin de realizar los pagos, se determinó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proceda a transferir el monto previsto a cuentas del Tesoro Nacional.
Como contraprestación, el BCRA recibirá instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional consistentes en una o varias Letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses, a un plazo de diez años, con amortización íntegra al vencimiento.
El decreto recordó que el uso de reservas excedentes de libre disponibilidad para el pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales, o de deuda externa oficial bilateral, está contemplado por ley.
El gobierno nacional, indica la norma, dispuso la cancelación por esa vía de la totalidad de los vencimientos de capital e intereses con organismos financieros internacionales correspondientes a los ejercicios fiscales 2010 a 2013, y los servicios de la deuda externa oficial bilateral con vencimiento en este último año, en el marco de “un proceso de desendeudamiento externo”. (Télam)

La Justicia de Nueva York acepta pedido
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hizo ayer lugar a presentaciones realizadas por Argentina y el Citibank, en contra de la decisión del juez Thomas Griesa de habilitar el pago a tenedores reestructurados “por única vez” de títulos emitidos bajo legislación nacional, y convocó a una audiencia para el 18 de septiembre.
El tribunal de segunda instancia aceptó así el pedido del gobierno nacional y del Citibank Argentina, de “agilizar” las apelaciones presentadas en referencia a la orden emitida el 28 de julio por el juez de Nueva York, en la que el magistrado autorizó a la entidad bancaria a efectuar el pago a tenedores reestructurados con títulos bajo ley argentina “por única vez”.
El objetivo de la presentación es que el tribunal de apelaciones trate la decisión de la corte distrital “antes de que interfiera con la transferencia de los pagos de intereses programados con vencimiento del 30 de septiembre”, según sostiene el escrito presentado el 6 de agosto pasado por el abogado Carmine Boccuzzi, en representación del gobierno argentino.
La decisión del 28 de julio dictada por Griesa “extiende de forma indebida las órdenes de la cláusula ‘pari passu’ enmendada, afirmada por esta Corte” en el litigio con el fondo buitre NML Capital, y ” perjudica innecesariamente a los tenedores de bonos”, agrega el documento.

Citibank.
Por su parte, la abogada del Citibank, Karen Wagner, advirtió que “si la orden del 28 de julio no re revierte, el Citibank y el Citibank Argentina, estarán sujetos a un riesgo de graves sanciones”, según sostiene la presentación concretada el 5 de agosto ante la Corte de Apelaciones.
Wagner sostuvo que “sorprendentemente, los demandantes se han negado a aceptar cualquier calendario agilizado” y requirió entonces que sea la Corte de Apelaciones la que dé la orden a los fondos buitre a “responder”.

YPF.
Las presentaciones fueron efectuadas luego que el juez Griesa autorizara al Citibank a realizar un “único pago” de los bonos denominados en pesos y en dólares emitidos bajo legislación argentina, tras determinar que no podía “distinguir” entre éstos títulos y los que fueron entregados a Repsol como parte del resarcimiento por la expropiación de YPF.
Así, para no “perjudicar” el acuerdo alcanzado con Repsol, el magistrado habilitó ese depósito aunque rescindiendo la orden después del 30 de julio de 2014 y pidiendo que las partes busquen una forma para distinguir unos bonos de otros.
En peligro.
Tras alertar que esa instrucción es “imposible de cumplir”, los abogados que representan a Argentina mencionaron además que la orden del 28 de julio, “pondrá indebidamente en peligro la propiedad de los titulares de bonos denominado en dólares bajo ley argentina, incluidos aquellos que indiscutiblemente no tienen nada que ver con la disputa del ‘pari passu'” sostenido en el fallo de Griesa en el que se avaló el reclamo de los fondos buitre por la deuda en situación de default.
La Corte de Apelaciones, en su orden, concedió además las fechas de presentaciones planteadas por Argentina y por el Citibank, así como la del argumento oral que será llevado adelante el 18 de septiembre en horario aún por confirmar.

Foro.
El economista Santiago Fraschina y el diputado nacional Guillermo Carmona (FpV) destacaron
ayer la política llevada adelante por el gobierno nacional en el litigio con los fondos buitre, al participar del Foro por la Soberanía Nacional ‘Buitres o Argentina’ realizado ayer en el
Centro de Congresos de la capital mendocina.
“Argentina ha hecho valer la inmunidad soberana ante un escenario conspirativo a través del accionar de la presidenta Cristina Fernández y del ministro de Economía, Axel Kicillof”, sostuvo el diputado Carmona. (Télam)

“Profunda investigación”
El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó, por unanimidad, realizar “una investigación profunda sobre las actividad de los fondos buitre”, a raíz de lo que se interpretó como “un ataque de especuladores” sufrido por la Argentina.
La Cancillería informó ayer que el órgano de expertos en derechos humanos aprobó en su sesión ordinaria del jueves una decisión en la que denunció que “la Argentina había sido objeto en agosto de 2014 de un ataque de especuladores llamados fondos buitre”.
El Comité asesor, que delibero en Ginebra esta semana, afirmó en su resolución que “esos fondos buitre violan el derecho de los pueblos al desarrollo así como los derechos económicos y sociales de los ciudadanos de los países afectados”.
A raíz de estas consideraciones, el órgano asesor recomendó al Consejo Derechos Humanos realizar “una investigación profunda sobre las actividad de los fondos buitre”.
El Comité Asesor es un órgano de 18 expertos independientes que se reúne dos veces al año en apoyo al trabajo del Consejo de Derechos Humanos, y fue establecido en 2008 para proporcionar estudios y asesoramiento basados en la investigación.
En lo que va del año, el Gobierno argentino denunció en numerosos foros multilaterales el accionar especulativo de los denominados fondos buitre, en perjuicio de los derechos soberanos de la Argentina y demás países en los que opera.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseveró el jueves que los fondos buitre “están desquiciando el sistema económico financiero mundial” y que en el caso argentino actúan “no solo por avaricia y codicia sino por una decisión política y geopolítica”. (Télam)

Apelación de bonistas europeos
Tenedores europeos de bonos argentinos pidieron ayer a la Corte de Apelaciones que suspenda una orden judicial que mantiene bloqueado un pago de Argentina a sus acreedores y les impide cobrar.
En documentos presentados ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York consultados por la AFP, el grupo de bonistas apeló la orden del juez neoyorquino Thomas Griesa del 6 de agosto.
En su decisión, Griesa había reiterado que el intento de pago de Argentina a sus acreedores por medio del Bank of New York Mellon (BoNY) “fue ilegal” y dijo al banco que debe retener los fondos, 539 millones de dólares, hasta nuevo aviso.
Los bonistas europeos son parte del 93% de acreedores de Argentina que aceptaron los canjes de bonos de 2005 y 2010, con quitas de hasta un 70% sobre el valor nominal de los títulos, y que venían cobrando los vencimientos de esa deuda hasta que Griesa ordenó congelar los fondos.
La medida de Griesa buscaba forzar al país suramericano a cumplir con su fallo a favor de los fondos especulativos NML Capital y Aurelius, que integran el restante 7% de acreedores que rechazó la reestructuración.
A pesar de la llegada del plazo de gracia del 30 de julio, Argentina tomó la decisión de no aceptar la exigencia del juez. (NA)