Astiz, el “Tigre” Acosta y diez represores, libres

Los camaristas consideraron vencido el plazo máximo para las prisiones preventivas. Antes de ser liberados deberán presentar una caución. Diputados kirchneristas pedirán el juicio político a los jueces.
La Cámara Nacional de Casación Penal concedió la libertad a los ex capitanes de navío Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta y otra decena de marinos procesados en la causa por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. La resolución de la Sala II del tribunal, basada en el tiempo de detención sin sentencia, “no se hará efectiva de manera inmediata” porque el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa, deberá fijar las cauciones que deben satisfacer los torturadores beneficiados.
Además de Astiz y Acosta obtuvieron la excarcelación los ex oficiales de la Armada Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Raúl González, Ernesto Weber, Antonio Pernías, Víctor Cardo, Alberto González, Juan Azic y Néstor Savio. Todos están procesados por delitos como imposición de tormentos, en forma reiterada, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada en forma reiterada y en grado de partícipes necesarios.

Plazo máximo.
El fundamento para la liberación está vinculado a los plazos establecidos por la ley 24.390 que fija un máximo de dos años (prorrogable por uno más) para las prisiones preventivas. Hasta ahora los pedidos de las defensas habían sido rechazados porque ante la nueva imputaciones de hechos ilícitos, a los procesados se les ampliaba el procesamiento con prisiones preventivas.
Los camaristas Wagner Mitchell, Guillermo Yacobuccio y Luis García consideraron, en cambio, que los plazos debían computare desde el primer día de detención. Con ese criterio la Sala II de Casación concluyó que se excedieron los plazos razonables de detención sin sentencia firme y dispuso el “cese” de las prisiones preventivas. Para que las libertades se hagan efectivas, cada beneficiado deberá presentar una “caución personal de tres fiadores solventes que se comprometan patrimonialmente a responder si los procesados dejen de estar sujetos a derecho”.
También podría frenar las excarcelaciones la aceptación de un recurso presentado por el fiscal Raúl Plee, basado en el Artículo 4 de la ley 24.390, por el cual las oposiciones contra la resolución que otorga la libertad al detenido, suspenden la ejecución de la medida.

Juicio político.
Apenas conocida la información, un grupo de legisladores kirchneristas anunció que presentará un pedido de juicio político contra dos de los tres jueces que dispusieron la libertad de los torturadores. El planteo será “contra los jueces subrogantes de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci y Luis García”, porque en su resolución “están habilitando la libertad de represores, o sea de autores de delitos de lesa humanidad”, indicó la diputada Diana Conti, firmante del documento que será presentado hoy ante el Consejo de la Magistratura.
Conti explicó que “por la gravedad de los hechos imputados podría corresponderles una pena grave”, opinó que su libertad implica “la repercusión y la alarma social” y consideró que los jueces deberían haber fallado “en sentido contrario: es decir, mantener la prisión preventiva”.
(Télam-DyN)