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Aumentaron los detenidos por hurto

LOS NUEVOS "PRESOS DE LA MISERIA" ROBAN PARA PODER COMER

Un hombre en situación de calle roba dos tiras de asado y cinco paquetes de salchichas de las góndolas de un supermercado en Palermo. Es 20 de febrero de este año y un policía lo detiene en la puerta, alertado por el cajero del local que lo persiguió hasta la vereda. Atrapado, el hombre se disculpa y quiere devolver lo que se llevó. Ofrece una explicación, pero marcha preso. Dos días después, el fiscal libera de acusaciones al ladrón: lo considera un hecho insignificante.
En una avenida elegante de la misma ciudad, el mismo año, otro hombre rompe el candado de una bicicleta atada en un poste en Barrio Norte e intenta huir con ésta, pero a los 20 metros aparece un policía. El ladrón se tira de cabeza en un tacho de basura con el fin de esconderse y lo atrapan.
En la primera audiencia por el delito, 24 horas después, el imputado, flaco, sucio, débil y desdentado, solloza y dice que hace dos días que no come. El juez lo deja libre hasta que se desarrolle el juicio y haya -probablemente- una condena. Antes de que el hombre abandone la sala el magistrado le da 200 pesos para que se compre una pizza.

Robos y hurtos.
Entre los delitos más frecuentes y menos visibles aparece esta clase de «pequeños» robos y hurtos sin armas ni violencia que, después de detenciones y trámites judiciales, termina en condenas de baja escala o en absoluciones para los ladrones. La mayoría de las veces son personas en situación de calle o extrema marginalidad quienes los cometen. Buscan comida, objetos para el uso cotidiano o de higiene, y elementos baratos que puedan revender, como hierros, vidrios o materiales de obra.
Las causas contra estos indigentes ocupan horas de trabajo judicial y se instalan sobre una paradoja, la delgada línea que muchas veces separa a la víctima del victimario. Donde hay una persona que roba un alimento, hay un comerciante que pierde parte de su mercadería. En una bicicleta robada bajo estado de desesperación hay alguien que se quedó sin su medio de transporte.

Crímenes de la miseria.
En los pasillos de los tribunales algunos los llaman los «crímenes de la miseria», la lucha de pobres contra pobres, registrada en decenas de nuevos expedientes que se abren cada día en cada fiscalía de turno por delitos que incluyen condenas cuya pena es algunas semanas tras las rejas o absoluciones por insignificancia. Hay escenas de reincidencia, historias de adictos que en pleno juicio piden que los manden a una granja apenas cumplan su tiempo en prisión.
No son situaciones nuevas, son delitos que existen desde hace décadas. Aunque la cantidad de episodios viene en aumento, producto de la falta de dinero y la crisis social. Y a más casos, más reincidencias y más condenas: simultáneamente aumentan las prisiones preventivas y, así, la superpoblación y el hacinamiento en los calabozos.
Los fiscales de instrucción que atienden estos hechos observan que el incremento también va del brazo de los procedimientos de flagrancia, que se aplican en delitos que prevén penas menores a los 15 años.

Nuevos marginales.
Los presos de la miseria, como les llaman algunos instructores del Ministerio Público Fiscal, son nuevos marginales: obreros desocupados, albañiles sin actividad, changarines, padres de familia expulsados a la calle, cartoneros fuera de convenio agarrados in fraganti. «Siete de cada diez detenidos tienen entre 30 y 40 años, en general son hombres, y cometen un delito en flagrancia por primera vez. Pero eso ocurre en una única oportunidad, luego ya son reincidentes, muchas veces quedan atrapados en ese sistema, marcados con un antecedente penal que les dificulta más conseguir trabajo. Y así crecen las prisiones preventivas», comenta un auxiliar de una fiscalía porteña con turno en flagrancia. «Han crecido los delitos menores, no porque se cometan más sino porque crecieron las situaciones de miseria. Gente en la calle, desocupados, con desequilibrios mentales o adicciones al alcohol o drogas», enumera la fiscal Mónica Cuñarro.
Todas las personas aprehendidas en casos de flagrancia pasan inevitablemente entre 24 y 48 horas privadas de su libertad. En ese plazo, el juez debe activar el juicio oral, que dura una o dos audiencias, y luego define si detiene o libera al imputado. Los ladrones sin antecedentes penales normalmente recuperan su libertad después del juicio, pero suman un antecedente penal.

Nuevos presos.
De esta manera aumenta la población de «nuevos presos». Cifras del Ministerio de Justicia nacional muestran que las causas por flagrancia aumentaron entre el primer y el segundo semestre de 2018: de 1.170 casos a 1.721, lo que implica un incremento del 48%. Estadísticas referidas a diciembre pasado indican que del total de hechos dentro del proceso de flagrancia el 46% fueron robos, el 31%, tentativas de robos, hurtos, el 9%; y los robos con armas representaron apenas el 3%.
«El mejor termómetro de la situación social es el turno de flagrancia», comenta un fiscal auxiliar con causas en Capital Federal. Para otro de los fiscales, si bien el proceso de flagrancia acelera los trámites en casos que pueden resolverse rápido, también les ocupa gran parte del tiempo que, argumentan, podrían ocupar en investigar delitos más pesados cometidos por gente más peligrosa. «Así las cosas pareciera que la flagrancia sirve más para gestionar la pobreza», agrega ese representante del Ministerio Público. (Infobae.com)