Autorizan la emisión de bonos

ARGENTINA RENUNCIA A INMUNIDAD SOBERANA

El Gobierno autorizó la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York y Londres para operaciones de deuda por hasta 20 mil millones de dólares.
En lo concreto, significa que por hasta ese momento la Argentina deja de lado la denominada inmunidad soberana y acepta someterse a los tribunales internacionales, con el fin de dar mayores garantías los inversores.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se facultó a las Secretarías de Hacienda y de Finanzas “a incluir en los acuerdos que suscriba” la Argentina para “la concertación de operaciones de venta de títulos públicos y su recompra en una fecha posterior”, cláusulas que “establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estatales y federales ubicados en la Ciudad de Nueva York”, en Estados Unidos y los de Londres, en Gran Bretaña,
Esas cláusulas dispondrán “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a dichos acuerdos”.
Esa renuncia a la inmunidad soberana hace que el Estado argentino quede equiparado a un actor particular en el marco del derecho privado de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Al igual que en las negociaciones de deuda con fondos buitre, la idea es que los títulos argentinos se subordinen a las regulaciones de las entidades administrativas de esos países.

Renuncia de inmunidad
“La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de una serie de bienes, entre ellos las reservas del Banco Central y “cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina”.
También quedan excluidos de la renuncia a la inmunidad soberana “efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago de la Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto”.
Se excluyen también de la posibilidad de embargo por falta de pago de las obligaciones contraídas los bienes utilizados por misiones diplomáticas, consulares y gubernamentales, los de carácter militar o de agencias de Defensa, los que representen la herencia cultural de la Argentina y otros bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable.
Según se indicó en el decreto que lleva las firmas de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, “el monto nominal de títulos públicos que podrán utilizarse para las operaciones que se realicen en el marco del presente decreto, será de hasta” 20 mil millones de dólares. (NA)