Blanqueo: la causa llegó a la CSJ

En junio de 2016, el Congreso aprobó la ley de Blanqueo de Capitales, en cuyo texto no se permitía a los familiares de los funcionarios sincerar dinero y bienes. En su momento, fue uno de los puntos que más crédito le dio al Gobierno y que lo ayudó a lograr el consenso necesario para reunir los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

 

Sin embargo, el 30 de noviembre de ese año, el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar ese artículo -el 83- y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios ingresen al blanqueo. Esto le valió duras críticas al Poder Ejecutivo.
Aunque la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso rechazó el decreto, la norma nunca se cayó definitivamente porque, para eso, debe ser dejada sin efecto por ambas Cámaras, algo que nunca sucedió.
Uno de los dirigentes que más batalló contra el decreto fue el diputado Felipe Solá, quien en diciembre de 2016 presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. La denuncia la radicó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal y recayó en el juzgado de Ernesto Marinelli. El argumento fue que el DNU "vulnera el espíritu de la ley" sancionada.
Ahora, casi tres años después, el camino judicial del amparo de Solá entraría en la agenda de la Corte Suprema para ser tratado en las próximas semanas y así decidir sobre el futuro del decreto firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Alfonso Prat-Gay, entonces ministro de Hacienda y Finanzas.

Planteo.
En febrero de 2017, menos de dos meses después de presentada la denuncia, el juez Ernesto Marinelli no hizo lugar al planteo de Solá y rechazó suspender el decreto, sin decidir sobre su constitucionalidad: "Acceder al dictado de la cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso, al satisfacerse por medio de la cautelar aquello que es el objeto del amparo", sostuvo el magistrado.
Un mes después, en marzo, la jueza María Biotti rechazaba el amparo y confirmaba que los familiares de funcionarios pueden ingresar al blanqueo de capitales. La justificación fue que Solá no tenía ninguna legitimación para hacer el reclamo: "La mera condición de ciudadano y de legislador de Solá no le otorgan legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta".
El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, a través de su abogado Martín Yáñez, apeló el fallo para que sea revocado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y criticó la decisión de Biotti: "No da cuenta de los argumentos especiales desarrollados en demanda, que me ponen en una situación particular ante la gravedad institucional de la violación constitucional denunciada, y la ausencia de afectados directos por la medida ejecutiva cuestionada".
Además, defendió su rol para pedir la inconstitucionalidad invocando su "legitimación sustantiva como ciudadano de la Nación Argentina" y como diputado nacional: "Los legisladores que intervinieron en el debate y en la sanción del proyecto tienen un interés concreto y diferenciado que los legitima activamente. No se trata de revertir un resultado adverso en el debate parlamentario sino de defender el claro producto de deliberación democrática desarrollada en el Poder Legislativo y completada con la sanción presidencial".

 

Apelación.
La apelación fue exitosa y el 25 de noviembre de ese año la Sala V del tribunal aceptó el pedido de Solá y reabrió la causa, remarcando la necesidad de la lucha contra la corrupción. Contrario a lo fallado por la jueza Biotti, los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani señalaron que Solá sí tenía legitimación para presentar el amparo y argumentaron que si bien la Corte Suprema de Justicia no permite la intervención de legisladores nacionales, sí está permitida cuando se afecta su rol como representante del Congreso.
Además, sostuvo que el Gobierno dictó un decreto reglamentario que no puede ser revisado por el Congreso como ocurre con otro tipo de decretos: "Aquí no existe una instancia en que el Poder Legislativo pueda revisar si la voluntad de éste ha sido respetada". (Infobae.com)