Caso Maldonado: “No dijeron toda la verdad”

GARAVANO SOBRE GENDARMES

En paralelo con el avance de la toma de declaraciones testimoniales a los miembros de la Gendarmería, el Gobierno refuerza su discurso tendiente a despegar a esa fuerza de su responsabilidad institucional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado y cargarla individualmente sobre los efectivos de esa fuerza que participaron de la represión a la comunidad mapuche durante la que el joven tatuador fue visto por última vez. “Probablemente haya gendarmes que no dijeron la verdad en un primer momento”, afirmó ayer con ese propósito el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Las declaraciones de Garavano van en la línea que se trazó la administración macrista desde que el relato inicial de que la Gendarmería no tenía que ver en lo ocurrido con Maldonado se tornó insostenible y desde que comprobó también que el tema empezaba a mellar políticamente a Mauricio Macri, informó Página 12.
Así como reconoció que los gendarmes “no dijeron la verdad en un primer momento”, recalcó que “hoy eso es lo que está saliendo a la luz” y que “hay que destacar una investigación de la propia Gendarmería y del Ministerio de Seguridad, que empezaron a profundizar en esta situación y le están aportando elementos a la fiscal (federal de Esquel, Silvina Ávila) y al juez (Guido Otranto) con esta información que ha surgido”.

Defensa del Gobierno.
Garavano no hizo referencia a la cerrada defensa que el macrismo hizo inicialmente de la Gendarmería. Tampoco, a que ya en aquel momento en el Gobierno estaban al tanto de las actuaciones internas de esa fuerza que ahora acercan a modo de “aportes” a la causa por la desaparición de Maldonado. Muchos de los testimonios recogidos en esas investigaciones internas de la Gendarmería fueron los insumos de varias operaciones realizadas por estos días en torno a la causas en manos de Otranto y Ávila.

Mentiras.
El ministro de Justicia se quejó de la proliferación “de mentiras infantiles, que realmente han generado un desvío en la investigación, que han generado confusión en la sociedad y en el propio juez y la fiscal en términos de cuáles son las hipótesis y qué es lo que hay que investigar, en dónde poner el foco”, sin reparar cuál fue el origen de esas operaciones. Esos sí: apuntó una vez más a la comunidad mapuche al hablar de “testigos que inventan o dicen cualquier cosa lo único que hacen es alejarnos de poder ubicar a Santiago”, consideró “terrible que eso se tolere” y reclamó ser “muy severos con esas personas que le mienten a la Justicia y dan información falsa”.
Como parte del combo, Garavano también pidió “sacar las cuestiones políticas y las especulaciones” en torno a la desaparición de Maldonado.

Querellante.
La comunidad mapuche de Cushamen, que en 2015 recuperó una parte de su territorio en la Pu Lof en Resistencia, decidió intentar poner límite al “constante hostigamiento y actos represivos” que están sufriendo. Por eso, en una declaración pública anunció que pidió el viernes a la justicia federal de Esquel ser parte querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
A los cuestionamientos y campañas de desacreditación de los testimonios que brindaron en el expediente se sumaron en las últimas horas allanamientos a las vecinas comunidades mapuches de Neuquén, por parte de la Policía Federal y la Gendarmería, alegando que “buscan” a Maldonado, y por tal razón la Confederación Mapuche alertó sobre una maniobra por parte del Gobierno que busca “inculparlos” de la desaparición del joven tatuador.
La Pu Lof de Cushamen destacó que pretende ser parte en la causa porque se consideran, junto con los Maldonado, los principales damnificados de los sucesivos operativos represivos. Las representantes legales de la comunidad serán Sonia Liliana Ivanoff y Elizabeth Gómez Alcorta.

Declararon gendarmes.
Ayer declararon como testigos dos de los gendarmes sobre los que pesa el mayor grado de sospecha en la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Emmanuel Echazú es el subalférez que fue herido en la cara durante la represión en la Pu Lof de Resistencia y el cabo Darío Rafael Zoilán reconoció ante el Ministerio de Seguridad haber hecho “uno o dos disparos” con balas de goma contra manifestantes.
Durante una hora y cuarenta minutos, los gendarmes brindaron testimonio ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto, pero no trascendió información sobre lo que dijeron.
En su anterior testimonio, Zoilán dijo que tiró “hacia arriba” con su escopeta larga High Estándar y que un encapuchado, a quien describió como “una sombra” por su ropa negra o azul, logró cruzar el río. Siempre según esta versión, el manifestante huyó con otro, cada uno en un caballo que, con sendos jinetes a cara descubierta, los esperaban del otro lado.
En el caso de Echazú, los investigadores sospechan que pudo haber tenido una reacción más violenta que la del resto luego de que recibió un piedrazo que le provocó cortes sangrantes.
Los otros dos gendarmes citados fueron Diego Juan Ramos y Aníbal Ezequiel Cardozo.

Insistirán con la recusación al juez Otranto.
“Estamos convencidos que nos asiste razón en el planteo, que el señor juez podría haber despejado el camino y no lo hizo”, aseguró ayer la familia de Santiago Maldonado en respuesta a la decisión del juez Guido Otranto al rechazar el pedido de recusación en su contra. Mientras tanto habrá que esperar que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resuelva la continuidad o no del magistrado.
En un comunicado, los familiares del joven de 28 años desaparecido hace un mes y medio afirmaron que “no opinaremos sobre las consideraciones legales de la resolución”, algo que dejan en manos de su abogada.
Para ellos, la medida del juez “agrava el estado de incertidumbre sobre el futuro de la causa y, en especial, la suerte de Santiago Maldonado”. También estimaron que “los tiempos judiciales no guardan la menor relación con la angustia que tenemos” acerca de lo que pasó con Maldonado, a quien no se vio más después de la represión de Gendarmería.
La familia recusó al juez por “el nulo avance de la investigación”, y pidió “la intervención de un nuevo magistrado, imparcial y eficiente en la tarea a su cargo”. Se cuestionó que Otranto investigue la desaparición cuando es el mismo juez que ordenó a la Gendarmería el despeje de la ruta 40. También se fundamentó la recusación en el hecho de que el juez se reuniera con Pablo Noceti, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, presente durante la represión, de allí que se cuestione la imparcialidad del magistrado.
El juez Guido Otranto rechazó el planteo que elevó la abogada Verónica Heredia con el objeto de que el expediente fuese girado a los tribunales federales de Rawson para iniciar nuevas actuaciones. (NA)