Chevron: el fiscal investiga si hubo delito

El fiscal federal Jorge Di Lello abrió ayer la investigación para determinar si hubo delito en la firma del contrato entre YPF y Chevron en el 2013 para la explotación del yacimiento neuquino Vaca Muerta, al pedir medidas de prueba a raíz de la denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans y que quedó a cargo del juez federal Sergio Torres.
El fiscal federal Jorge Di Lello afirmó ayer que debe investigarse el “aparente sinuoso e inusual vinculo” originado entre las empresas estatal YPF y privada Chevron a partir de la firma del acuerdo por la explotación del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, al impulsar una investigación penal para determinar si hubo ilícitos y quienes fueron sus responsables.
“Esta investigación ahondará en el aparente sinuoso e inusual vínculo que se originó a partir de la firma del acuerdo de proyecto de inversión que públicamente se denominara YPF-Chevron, y de los contratos que se suscribieran al respecto entre una empresa cuya mayoría accionaria es del Estado Nacional y un privado, de cuyas características se deberá determinar si se realizaron conductas ilícitas”, sostuvo el fiscal en el dictamen.
La causa está a cargo del juez federal Sergio Torres y el fiscal le pidió nueve medidas de prueba aunque aclaró que “por el momento no es posible establecer imputado alguno” aunque en el futuro podrían quedar involucrados “todos aquellos que hayan intervenido en algún tramo del acuerdo o de los contratos firmados por YPF SA y Chevron”, sostuvo en su escrito.

Denuncia.
Di Lello incorporó a la causa una copia simple del Acuerdo de Proyecto de inversión firmado el 16 de julio de 2013 entre YPF y Chevron Overseas Finance Limited, aportado por el diputado provincial de Santa Fé, Rubén Gustiniani, quien lo obtuvo luego de una larga batalla judicial.
La denuncia había sido presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien sostuvo que en el kirchnerismo “se gestó un convenio entre YPF SA y Chevron para la explotación de petróleo en Vaca Muerta” y que por un decreto presidencial se dió a Chevron “libre acceso a dólares estadounidenses”.
Ello, sostuvo la denuncia, implicó una extranjerización resuelta por funcionarios estatales, “pactando una forma de evasión del control en la ejecución del acuerdo” con una “triangulación en países extranjeros bajo la manera de empresas “off shore” que permitirían evadir impuestos y “preservar” a Chevron de reclamos indemnizatorios”. (Télam)

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