La Justicia en lo penal económico inició una investigación para corroborar las denuncias realizadas tanto por el gobierno nacional como por un ex banquero arrepentido y una ONG acerca de la presunta estafa que el Grupo Clarín habría realizado a los afiliados de las ex administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) a partir de la emisión de acciones del holding llevadas a cabo en 2007.
Se trata del juzgado en lo Penal Económico Número 3, a cargo de Rafael Caputo, que por primera vez involucra a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, a partir de la denuncia interpuesta por una ONG que preside el sociólogo Juan Puigbó.
La presentación se originó a raíz de que, luego de la salida de Clarín a la Bolsa de Comercio, la empresa vendió a las AFJP un paquete de acciones clase "B" que un año después pasaron a valer menos y que fueron recompradas por fondos de inversión que estarían vinculados al mismo Grupo de Herrera de Noble.
La denuncia destaca que los potenciales compradores minoritarios fueron engañados y no les advirtieron de los riesgos que afrontaban al adquirir la acción, como los juicios de competidores del cable contra la unión de Cablevisión y Multicanal.
"Nada se dijo de la existencia de los serios litigios judiciales que afrontaba el grupo Clarín, debido al cuestionado intento de adquisición y posterior fusión entre Cablevisión y Multicanal", advirtió el denunciante Puigbó, según consta en el expediente judicial, publicaron los diarios Uno de Mendoza y La Capital de Rosario.
La causa de Caputo se complementa con otra que sigue el juez federal Daniel Rafecas a raíz de las denuncias del "arrepentido" Hernán Arbizu, presentadas ante la Justicia por la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella.
Rafecas investiga a Clarín por una operación "sospechosa" de endeudamiento en el mercado de capitales. (Télam)
