Comisión de DD.HH rumbo a Esquel

La comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados se constituirá en la ciudad de Esquel a partir del próximo 12 de octubre para hacer un seguimiento in situ de la causa judicial por la desaparición de Santiago Maldonado.
De todos modos, el viaje a la ciudad chubutense está supeditado a la cuestión presupuestaria, razón por la cual la comisión presidida por Victoria Donda (Libres del Sur) tenía previsto dirigir una nota al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, para que autorice los fondos.
La decisión de enviar una delegación a Esquel para interiorizarse sobre la causa que ahora lleva adelante el Gustavo Lleral, fue comunicada durante una reunión de comisión que nuevamente fracasó en su intento de reunir quórum.
De esta manera, se frustró por segunda semana consecutiva el tratamiento de un proyecto de ley que plantea la desclasificación y publicidad de los archivos sobre el caso de la desaparición forzada de Jorge Julio López, ocurrida hace 11 años.
Apenas ocho diputados participaron de la reunión, y se hicieron escuchar las críticas a Cambiemos por la falta de acompañamiento al proyecto, que de contar con quórum hubiera conseguido dictamen favorable.
"La ausencia de Cambiemos no es producto de la casualidad. Es una decisión política ante un tema muy sensible como es el caso Maldonado", se quejó el legislador del Frente Renovador Horacio Alonso.

Archivos.
Donda informó que hará un nuevo intento para dictaminar el martes que viene, mediante la convocatoria a la comisión.
La iniciativa, que fue presentada a fines del año pasado por la diputada mandato cumplido del Frente de Izquierda Myriam Bregman, prevé que el Poder Ejecutivo disponga la apertura de los archivos que están en manos de fuerzas de seguridad estatales como la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, así como cualquier información que pueda conservar las Fuerzas Armadas.
Se trata de los archivos concernientes a la causa que investiga la responsabilidad del represor Miguel Etchecolatz en delitos de lesa humanidad (que tuvo a López como una de sus víctimas), como así también la causa que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata sobre la "desaparición forzada" del albañil.
A la reunión concurrieron también Facundo Moyano (Frente Renovador), Diana Conti (FpV-PJ), Remo Carlotto (Movimiento Evita), Pablo López (Frente de Izquierda) y Oscar Martínez (Movimiento Popular Neuquino), mientras que a último momento se incorporó la diputada del PRO Anabella Hers Cabral.

Gastos por incidentes.
Los daños ocasionados en la vía pública el pasado 1 de septiembre durante el acto de reclamo por la aparición de Maldonado y que finalizó con incidentes, ascienden a los 4.990.312,01 pesos.
Así se desprende del informe que el Gobierno de la Ciudad hizo llegar al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien había pedido un estimativo de los daños ocasionados y en la causa donde se determina si 31 personas imputadas tuvieron o no responsabilidad en los mismos.
Las notas acompañadas en el expediente son 3 de distintas áreas y el resultado será tenido en cuenta para imputar un eventual daño agravado o no, y cómo incidirán los mismos en caso de determinarse la responsabilidad de los 31 imputados.
Hasta el momento hay muchas dudas sobre el accionar de la Policía de la Ciudad porque la defensa de los acusados aseguran que los procedimientos fueron fraguados y que muchas de las personas que fueron detenidas esa noche, nada tenían que ver con los incidentes.
El Director General de Espacios Verdes del Gobierno porteño en nota 20478031 informó que los daños en ese rubro trepan los $2.835.165,76 por trabajos que van desde la provisión y colocación de tierra negra así como por la reposición de plantas, limpieza de grafitis, entre otros. (NA)

Apoyo a pueblos originarios
Diputados nacionales del oficialismo y la oposición se comprometieron ayer en una audiencia pública ante referentes de pueblos originarios a sancionar la prórroga a la ley 26160 que suspende los desalojos en las tierras habitadas por comunidades aborígenes. Si bien el proyecto se discutirá primero en el Senado, la Cámara de Diputados reafirmó ante representantes de distintas comunidades aborígenes la voluntad de aprobar el proyecto de modo tal de avanzar con la extensión del plazo.