Condenaron a 4 represores

SENTENCIAS POR EL CENTRO CLANDESTINO ORLETTI

El Tribunal Oral Federal 1 impuso ayer penas que van de 6 a 25 años de prisión para cuatro represores acusados por delitos de lesa humanidad por haber actuado en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, en el marco del llamado “Plan Cóndor”.
Las penas recayeron en los ex policías federales Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez (6 años); el ex agente de inteligencia César Enciso (16 años) y el también ex policia federal José Ferrer (25 años).
Orletti fue el epicentro del Plan Cóndor en la Argentina y funcionó en un viejo taller mecánico del barrio de Floresta.
Por allí pasaron cientos de opositores políticos de distintas nacionalidades, tal como se ventiló en los dos juicios anteriores, pero en particular uruguayos que se habían exiliado en el país en los años 70: militares de esa nacionalidad actuaban de manera conjunta con los argentinos en ese centro.
Enciso, alias “Pino”, un ex integrante de la banda parapolicial que actuaba bajo las órdenes del ex oficial del Ejército Aníbal Gordon, había sido extraditado en noviembre 2013 desde Brasil y detenido de manera preventiva tan pronto llegó al país.
Se le imputaba la participación en el marco del secuestro de cuatro personas que permanecen desaparecidas, entre ellas, dos mujeres santiagueñas secuestradas el 13 de julio de 1976.

Penas.
Los jueces Adrián Grünberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer fijaron penas inferiores a las que habían sido requeridas por las querellas, que reclamaban condenas de prisión perpetua para los represores acusados por su actuación en secuestros, torturas y desapariciones de militantes de izquierda, en el marco del plan ideado por las dictaduras de Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina.
Las actividades en Orletti estuvieron bajo control de la disuelta central de inteligencia del Estado, SIDE, en coordinación con los ejércitos argentino y uruguayo.
En su acusación, el fiscal federal Pablo Ouviña sostuvo que Nerone y Gutiérrez integraron el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE) de la Policía Federal, como agentes “especializados en organizaciones políticas latinoamericanas y con larga experiencia en la represión, tanto en la faz de inteligencia como operativa”.
Ambos fueron llevados a juicio por el secuestro de Victoria Grisonas y el asesinato de Mario Roger Julién Cáceres, ambos uruguayos miembros del PVP, que vivían con sus dos hijos pequeños en Buenos Aires.
Madre e hijos estuvieron en Orletti hasta octubre de 1976, de acuerdo a las investigaciones. Los niños fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, en Chile, a fines de 1977, y recuperados por su abuela, según detalló el informe.
Ferrer, fue sentenciado por “privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y homicidio agravado por alevosía”, durante una operación de contrainteligencia contra miembros del ERP que culminó con la muerte de cuatro personas, tres de ellas vistas en Orletti y otra asesinada. (NA)